La situación de las arcas públicas de Cataluña se complica cada vez más. Después de que la Generalitat haya anunciado que no pagará el mes de julio a la entidades sociales que se encargan de ancianos, discapacitados y drogodependientes, ahora ha ido un paso más allá y ha pedido a las familias que saquen a los ‘abuelos’ de los geriátricos hasta que la situación se normalice.
Según han indicado a EL BOLETÍN fuentes de Ciutadans (C’s), Artur Mas ha pedido a las familias que se lleven a los ancianos a casa ante la complicada situación económica, que va a provocar impagos este mes en geriátricos y demás centros sociales. La Generalitat no puede garantizar que este escenario no vaya a repetirse, por lo que ha lanzado ese mensaje a los ciudadanos para solicitar su colaboración en agosto, hasta que pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones.
Por ello, C’s ha pedido la dimisión del consejero de Economía regional, Andreu Mas-Colell, porque su mala gestión provocará que en julio unos 100.000 trabajadores se queden sin cobrar su nómina.
Tal y como ha anunciado la formación en una nota de prensa, “es inmoral que la Generalitat esté en impago de facturas de servicios sociales y de las nóminas de los trabajadores mientras se mantienen los Consejos Comarcales, seis canales públicos de televisión y las embajadas”
El líder de C’s, Albert Rivera, ha indicado que esta situación se debe a “una grave irresponsabilidad de la Consejería de Economía y del Gobierno regional por no prever los pagos que se tienen que hacer y por no buscar fórmulas de liquidez”. Además, ha recordado que todo esto sucede “mientras se siguen dando subvenciones a medios de comunicación amigos, manteniendo embajadas en todo el mundo o invirtiendo 200 millones en Spanair con resultados desastrosos”.
Rivera ha lamentado también que “el presidente de la Generalitat no esté dando la cara por las últimas situaciones que están incidiendo de manera muy directa y negativa sobre los ciudadanos”.
Los impagos anunciados por el Gobierno autonómico han generado una alarma social a la que ya ha respondido la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), que hoy mismo ha pedido a la Fiscalía Provincial de Barcelona que actúe “en defensa de los residentes desamparados” ante la “posible desatención y riesgo vital” que generará el anuncio de la Generalitat.
