El juez del Tribunal de Madrid que investiga la rama del ‘caso Gürtel’ en la comunidad, Antonio Pedreira, ha ordenado esta mañana a un par de agentes de la Policía Judicial que se personaran en las puertas de la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid para reclamar los contratos que esta organización realizó bajo el mandato de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Desde 1999 hasta 2003 la regidora del PP estuvo al frente de la FEMP, periodo en el que su ‘número dos’, y actual implicado en la trama, Álvaro de la Cruz, podría haber firmado supuestos contratos con empresas del ‘caso Gürtel’ por valor de hasta 800.000 euros.
Los agentes de la Policía han pedido la documentación sobre estos contratos que exista en los archivos de la FEMP, petición que, según han asegurado a EL BOLETIN fuentes de la organización presidida por Pedro Castro, será respondida en cuanto los responsables de la FEMP tengan en sus manos dichos contratos. El propio Castro ha subrayado sus deseos de colaborar en todo lo posible en la investigación.
Fue precisamente el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe el primero en recalcar, en una entrevista a Europa Press, la existencia de facturas con las empresas de la trama durante el mandato de Barberá aunque no de contratos. “Intentamos buscar los soportes que gestionasen las facturas que encontramos, pero lo que no ha quedado ha sido ni un solo contrato, o al menos no lo han visto los técnicos de la FEMP. Quedan las facturas, pero no los soportes ni los contratos” destacó Castro. Será tarea de la policía judicial investigar el destino de estos contratos.
Entre los supuestos contratos de la FEMP con estas empresas cuando De la Cruz ostentaba la vicepresidencia bajo el mandato de Barberá destaca un evento por valor de 232.305 euros en 1999, mientras que en el 2003 el coste del acto ascendió a 570.000 euros, según anunció El País.
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