Las protestas de los funcionarios empiezan a poner nervioso al Gobierno, que ha enviado un par de notas internas a los trabajadores públicos en las que, según CCOO, amenaza con expedientar a su personal por expresar el malestar ante los recortes. El sindicato asegura si persisten estas intimidaciones acudirá a los tribunales.
Así lo ha indicado a EL BOLETÍN Juan Carlos Rodríguez, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, quien ha asegurado también que al Gobierno no va a darle resultado esta estrategia, porque lejos de agotar las protestas de los funcionarios lo único que va a conseguir es incentivarlas.
Las movilizaciones que día a día realizan los trabajadores públicos desde el pasado 11 de julio contra la nueva batería de recortes anunciada por Mariano Rajoy ha llevado a diferentes Ministerios a tratar de “limitar la libertad de expresión” de los funcionarios, ha comentado Rodríguez. Hay “dos notas internas” en las que el Gobierno insta a sus trabajadores a llevar a cabo sus movilizaciones fuera del horario laboral y con el consentimiento legítimo.
Una de ellas es la circular remitida por el Ministerio de Presidencia, que recordaba a los funcionarios de La Moncloa que, según el convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, los trabajadores públicos deben comunicar “con 24 horas de antelación” todas aquellas reuniones que realicen “fuera de la jornada de trabajo”.
Asimismo, indicaba que las condiciones para la autorización de las protestas dentro del horario laboral son que “en ningún caso” perjudique “la prestación de servicios”, que se realice con un preaviso mínimo “de 48 horas” y que “únicamente se concederá autorización hasta un máximo de 20 horas anuales”.
No obstante, la nota más polémica ha sido la remitida por el Ministerio de Sanidad, en la que se advierte a los funcionarios que “la formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar en el ejercicio de sus funciones, realizadas durante el desempeño del puesto de trabajo, no resulta compatible con los deberes que incumben a los empleados públicos, inspirados en los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público”.
Por ello, “tales críticas, formuladas al margen de los cauces de representación y participación de los empleados públicos, se pondrán en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por si fuera constitutiva de falta disciplinaria, sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público”.
CCOO ha anunciado que “no permitirá este tipo de actuaciones y tomará medidas contra cualquier apertura de expediente disciplinario. Para ello, ofrecerá asesoramiento, a través de los comités de empresa y de las juntas de personal, para iniciar las acciones judiciales pertinentes”.
Asimismo, ha decidido convocar, junto a UGT, CSI-F, USO, CGT, sindicatos sanitarios como SATSE, el sindicato de enseñanza ANPE, y asociaciones profesionales de fuerzas y cuerpos de seguridad, diversas movilizaciones para los próximos meses.
En agosto los trabajadores públicos realizarán concentraciones cada viernes coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros, mientras que el 12 de septiembre ha sido declarado día de lucha estatal de los funcionarios contra los recortes. Para el 15 de septiembre estas organizaciones preparan una marcha sobre Madrid en la que mostrarán su rechazo a las medidas del Gobierno.
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