El Tribunal Constitucional se enfrentará a una avalancha de recursos contra los recortes

Al Tribunal Constitucional se la va a acumular el trabajo. Muchas comunidades consideran que las reformas con las que el Gobierno pretende reducir el déficit invaden sus competencias y se apresuran a presentar recursos de inconstitucionalidad. La más activa es Cataluña, pero también ha anunciado varios recursos Andalucía e incluso una autonomía gobernada por el PP, Extremadura, va a recurrir la modificación de la ecotasa. Igualmente, el PSOE acudió al TC contra la denominada amnistía fiscal, pero es que además Ejecutivo de Rajoy ha echado mano del Tribunal en su caso contra los decretos vascos y andaluz con los que se pretende ‘burlar’ el «copago» farmacéutico.

La Generalitat de Cataluña se coloca en el primer lugar a la hora de poner en duda la constitucionalidad de muchas de las reformas que ha realizado el Ejecutivo de Mariano Rajoy para meter la tijera, ya que ha anunciado que recurrirá los recortes sanitarios, los de educación y la reforma de la Ley de Dependencia junto a la liberalización de horarios comerciales.

Por poner un ejemplo, del real decreto ley de medidas urgentes para racionalizar la Sanidad, el Gobierno catalán considera inconstitucional el artículo que regula la asistencia sanitaria a los extranjeros «no registrados ni autorizados como residentes», que sólo serán atendidos en urgencias por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español. Consideran que esta modificación es contraria al artículo 14 de la Constitución, que establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Esta modificación también es contraria, a su juicio, al artículo 43 de la Carta Magna, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud y se establece que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».

Por otra parte,el Ejecutivo de Artur Mas cree que decreto del Gobierno invade competencias que el Estatuto catalán concede a la Generalitat, en asuntos tales como el uso racional de los fármacos, el control de la condición de beneficiario o la acreditación de los centros sanitarios, entre otros.

El último anuncio que ha hecho la Generalitat catalana de su intención de recurrir al TC ha tenido lugar esta misma mañana y tendrá como objetivo: la reforma de la ley de la dependencia al Constitucional ya que considera invade sus competencias y lo percibe como «un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las CCAA» tras calcular que el Estado dejará de aportar unos 76 millones anuales a Cataluña.

La segunda en el ranking es la Junta de Andalucía que también parece dispuesta a quemar el cartucho del recuso al TC y ha anunciado que, como Cataluña, los va a presentar por los recortes sanitarios y educativos al entender que se «invade» las competencias en estas materias de la comunidad autónoma.

Sin embargo, lo más sorprendente ha sido que la última autonomía en apuntarse al carro de los recursos al TC ha sido una comunidad gobernada por el PP, ya que el Gobierno extremeño, gobernado por el ‘popular’ José Antonio Monago, ha anunciado esta mañana que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto sobre la producción y transporte de energía aprobado por el Ejecutivo central, porque «vulnera» en el «fondo y en la forma» el espíritu del impuesto autonómico, la denominada ‘ecotasa’.

Lo ha adelantado en rueda de prensa en Mérida el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, que ha explicado que el Real Decreto una medida con la que «se repercute la producción de energía sobre los que la consumen», y por tanto «está penalizando a los habitantes de una comunidad que produce y exporta al resto del estado español el 75% de energía que produce».

«Extremadura es una de las comunidades que consume por habitante más racionalmente la energía de todas las comunidades», por lo que «se está penalizando un consumo racional», ha lamentado Fernández, que también ha asegurado que «ese está penalizando» a la comunidad que sufre el impacto provocado por las eléctricas y la peligrosidad social, por albergar una central de carácter nuclear», ha aclarado el consejero.

Amnistía fiscal

El Partido Socialista tampoco se ha privado de acudir al TC. Lo hizo el pasado 25 de junio contra la denominada “amnistía fiscal” por considerar que el decreto ley vulnera por partida doble la Constitución, es ‘especialmente injusto’ en sus consecuencias y ‘manifiestamente contrario a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad’.

Los socialistas denuncian que las medidas violan los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica al colocar a los defraudadores en una situación de ‘absoluto privilegio fiscal’.

Pero además, y como esta es una arma de ida y vuelta, el Gobierno de Mariano Rajoy también ha decidido utilizar esta herramientas jurídica e informó de su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del País Vasco que esquiva los recortes sanitarios y el copago farmacéutico en Sanidad y otro de Andalucía que establece el mecanismo de la subasta de medicamentos.

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