La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, advirtió hoy al Gobierno que movilizará a guardias civiles y a sus familiares para exigir que se corrijan las “graves deficiencias” que, según la asociación, existen en la seguridad de las casas cuarteles y otras dependencias del Instituto Armado. “La forma en la que se han perpetrado los últimos atentados son simplemente impensables en otros Cuerpos de seguridad de nuestro ámbito”, aseguran desde la AUGC.
“Los guardias civiles no queremos más discursos, ni más fotos en sepelios solemnes. Demandamos de los poderes públicos el imprescindible respaldo a nuestro esfuerzo”, explicaron desde la asociación. Según ellos, las condiciones de trabajo en algunos cuarteles son “tercermundistas”. De esta manera, amenazaron con “denunciar públicamente las negligencias”, y organizar movilizaciones “masivas” de guardias civiles y familias, ya que “gracias a las casas cuarteles, ellas también se convierten en objetivo criminal”.
Por otro lado, la asociación, que tiene más de 30.000 afiliados y 45 delegaciones provinciales, presentó ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional una querella criminal contra los autores, aún desconocidos, del atentado que acabó con la vida de dos guardias civiles en Calviá, Mallorca.
Finalmente, aseguraron sobre la banda terrorista ETA que “estos asesinos no tendrán cloaca alguna donde esconderse, pues serán encontrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y puestos a disposición judicial, porque los ciudadanos tienen que saber que no les vamos a fallar”.
Según la ley, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no tienen derecho a manifestarse con motivos que involucren a su propio cuerpo, por lo que la amenaza supone un desafío al Gobierno. La última manifestación de guardias civiles ocurrió en enero de 2007, cuando alrededor de 3.000 uniformados se reunieron en la Plaza Mayor de Madrid, y se saldó con 18 expedientados, por faltas muy graves. Se les aplicó el artículo 9.9 del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que observa una conducta grave contra la disciplina, el servicio, y la dignidad, no constitutiva de delito.
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