El anuncio de María Teresa Fernández de la Vega, en su visita oficial a Costa Rica, de que la Fiscalía Anticorrupción recurrirá al Supremo la decisión del Tribunal de Valencia de archivar la causa contra Francisco Camps ha provocado que diferentes miembros del PP carguen contra la vicepresidenta del Gobierno. Desde Madrid, Valencia o instituciones como el Senado han surgido populares que califican de “orden” al fiscal el anuncio de De la Vega.
De la Vega ha conseguido que el PP traslade una imagen de unidad que hacía mucho que no daba. Un aluvión de críticas desde las filas del partido ha caído sobre las palabras de la vicepresidenta de qué pasos son los que deben dar las instituciones judiciales respecto a la relación de Camps con las empresas de la rama valenciana.
Gran parte de las voces han salido desde la propia región valenciana donde se ha archivado el caso. Así, el consejero de Inmigración y Ciudadanía de la comunidad, Rafael Blasco, ha calificado de “manipulador, irresponsable y antidemocrático” el anuncio de De la Vega ya que “hace gala de su concepción sectaria y partidista de la justicia, erigiéndose como Fiscal General a más de 8.700 kilómetros de distancia de España”. Y es que, para el PP da la sensación de que para el Gobierno la Fiscalía Anticorrupción deja de ser independiente y de estar al servicio de los españoles. Palabras como “cacería” contra los populares han vuelto a aparecer en declaraciones como la del senador por Toledo y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, Tomás Burgos Beteta.
Los ‘dardos’ de los populares hacia De la Vega no han cesado aquí y ha salido a escena el fracaso de su candidatura en Valencia en las pasadas elecciones generales. Así, el secretario general del PP de Madrid y miembro del Gobierno autonómico, Francisco Granados, ha asegurado que los ‘órdenes’ a la Fiscalía de la vicepresidenta buscan “el querer que a uno le dé la policía y la Fiscalía lo que no le han dado los votos, tanto en Valencia como en Madrid”.
De haber sabido la vicepresidenta el ‘juego’ que dan sus palabras al PP puede que se las hubiera guardado. Y es que, no han tardado en salir representantes populares pidiendo incluso la dimisión de De la Vega como el consejero de Gobernación de Valencia, Serafín Castellano. Desde esta misma región, su compañero de partido, el vicepresidente autonómico y consejero de Presidencia, Vicente Rambla, ha puesto su granito de arena y ha pedido la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta “para que dé explicaciones sobre si es ella quien da las instrucciones a la Fiscalía General del Estado”.
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha sido salpicado por estas críticas y ha visto cómo los populares en el Congreso han registrado hoy en la Cámara la solicitud de una comparecencia urgente “para que explique en la Comisión de Justicia la utilización de la Fiscalía al servicio del Gobierno y del PSOE”.
Entre ataque y ataque al Gobierno, el PP ha levantado la suspensión cautelar de militancia de Víctor Campos, ex vicepresidente y ex consejero de la Generalitat, tras el archivo del Tribunal de Valencia de la rama valenciana del ‘caso Gürtel’. Y es que, según ha asegurado el portavoz de los populares en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, Campos “ha sido y será un puntal fundamental para el partido”. Un gran futuro parece tener por delante el que fuera, hasta ayer, uno de los cuatro imputados en el ‘caso Gürtel’.
La forma en que el Tribunal de Valencia (TSJCV) ha dado carpetazo al caso no ha gustado a expertos judiciales. Así, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero, ha calificado a EL BOLETIN de “inusual” la forma de archivar el auto. “Se ha cerrado con un sobreseimiento libre con el que le absuelven y la causa no se podría abrir (por el TSJCV) nunca aunque hubieran nuevas pruebas” ha destacado.
Sobre los recursos que se anuncian contra este archivo y que se presentarán en el Supremo pueden tener tres respuestas. Según Sesmero, o se aceptan y se abre la causa, o no y continúa el archivo o el tribunal decide cambiar el sobreseimiento libre por uno provisional con el que, si aparecen nuevas pruebas, se reanudaría la investigación. Todos estos escenarios estarán, a partir de septiembre, en la mano de los cinco magistrados que integran la Sala Segunda del Supremo y que, en su mayoría, son de tendencia conservadora.
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