La Comisión Europea ha dictaminado hoy que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por la Generalitat valenciana a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz son ilegales, por lo que ha exigido a Alberto Fabra que las recupere.
Según ha indicado el Ejecutivo comunitario en una nota de prensa, la financiación pública de este centro audiovisual ubicado en Alicante “distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos”, ya que las ayudas concedidas por el Gobierno valenciano no se facilitaron en “condiciones de mercado”.
“No sólo no hay necesidad de gastar dinero público para financiar a un nuevo operador cinematográfico sino que, además, ello penaliza a los estudios ya existentes y a posibles interesados en entrar al mercado, que tienen que operar sin financiación pública”, ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, según recoge Europa Press.
Bruselas empezó a investigar la concesión de ayudas públicas a la Ciudad de la Luz en 2008, tras recibir algunas quejas. El Ejecutivo comunitario tenía “serias dudas” de que en un entorno enormemente competitivo se tomara la decisión de invertir en un proyecto lejos de los grandes centros de actividad audiovisual, como Madrid y Barcelona, atendiendo a consideraciones comerciales. Una conclusión que fue respaldada por las consultas que hizo la Comisión en el mercado.
Tanto el estudio realizado por este organismo europeo como una evaluación externa del plan de negocios de este complejo cinematográfico concluyeron que un inversor privado no habría financiado la Ciudad de la Luz sobre la base del proyecto, debido a la ubicación, por lo que Bruselas considera esta ayuda pública sólo podría justificarse si persigue un objetivo de interés europeo, como el desarrollo regional, económico y cultural.
No obstante, “España no ha demostrado que los beneficios del proyecto para el desarrollo regional compensen las distorsiones de competencia generadas por una cantidad tan alta de ayuda pública”, ha indicado el Ejecutivo comunitario, por lo que esos 265 millones de euros tienen que ser devueltos.
