La vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que el Ejecutivo no va a subir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) “para no perjudicar el consumo”. El tributo que sí se tocará será el de Sociedades para las grandes empresas. Asimismo, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado un recorte de 16,9% en el gasto de los ministerios y una amnistía fiscal para regularizar el fraude.
Tras varios meses de especulaciones, la portavoz del Ejecutivo ha sido clara: “no se va a subir el IVA”. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y minutos antes de que el ministro de Hacienda detallara los Presupuestos Generales del Estado para este año, Sáenz de Santamaría ha zanjado cualquier opción a subir este tributo, por lo menos de momento.
El gravamen que sí han decidido tocar los responsables económicos de Mariano Rajoy es el de Sociedades a las grandes empresas. Asimismo, la vicepresidenta ha cuantificado en un 16,9% el recorte del gasto de los ministerios en las cuentas estatales. Una cifra muy superior a la que esta misma semana anunció Rajoy. En su viaje oficial a Seúl, el presidente del Gobierno aseguró que este ‘tijeretazo’ sería de “casi un 15%”. Él mismo, hace unas semanas, cifró este ajuste en el 12,5%.
En cuanto a los PGE para este año, Cristóbal Montoro ha anunciado un recorte de más de 27.000 millones de euros, el mayor de la democracia. Además, ha indicado que se incluyen subidas de impuestos por valor de 12.314 millones, incluido el IRPF.
Aunque no ha sido el único anuncio realizado por el titular de Hacienda. El ministro también ha adelantado la implantación de una amnistía fiscal dirigida a regularizar el fraude. Montoro, que ha indicado que “se trata de una medida excepcional para una situación excepcional”, ha asegurado que gracias a esta medida se podrá regularizar el dinero negro o que está fuera de España a cambio de pagar un 10%, sin sanciones ni penalizaciones posteriores.
El ministro ha defendido este “gravamen especial” asegurando que es el procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en países con especiales dificultades económicas. Además, ha indicado que con esta medida el Estado espera recaudar unos 2.500 millones de euros, es decir, que pretende hacer aflorar unos 25.000 millones de capital que hoy por hoy no está bajo control de la Agencia Tributaria.
A pesar de que Montoro ha incidido en la necesidad de abordar esta medida, no se ha mostrado muy convencido con ella. Y no es para menos, sobre todo si se tiene en cuenta la dureza con la que el PP criticó la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
Concretamente, el equipo del expresidente Zapatero reforzó las inspecciones de Hacienda, puso en marcha un plan para identificar el empleo sumergido y decretó una amnistía fiscal que fue calificada por Mariano Rajoy como una “ocurrencia” y por María Dolores de Cospedal como “impresentable”, “injusta” y “antisocial”.
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