La Marea Verde sigue dispuesta a defender la escuela pública de los continuos recortes implantados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Este colectivo ya ha empezado a preparar las matriculaciones del próximo curso, y ha decidido usar Internet para financiar una campaña que fomente la entrada de nuevos alumnos en la pública.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tendrá que enfrentarse con una nueva iniciativa de la Marea Verde en defensa de la Educación pública. Los profesores, padres y alumnos que integran este colectivo han lanzado una campaña para promover la matriculación en los centros públicos de la región.
Bajo el lema ‘Ven a la Escuela Pública’, la Marea Verde pretende hacer una llamada a la ciudadanía para recordar que este tipo de centros ofrecen “oportunidades a todos y todas y atienden todas las necesidades”.
El colectivo indica en su página web que este tipo de enseñanza “no discrimina a los alumnos y alumnas con menos recursos y, a pesar de los recortes, es la mejor educación para todos y todas. Ningún alumno o alumna puede decir que va obtener mejores resultados o una mejor educación en un centro privado o concertado y los resultados lo demuestran”.
Por ello, “frente a los ataques de la administración, a las campañas en prensa, en vallas publicitarias, en radio, de todo tipo de centros privados”, la Marea Verde quiere “explicar a todos los madrileños que la Escuela Pública es una escuela de calidad”.
Y eso es precisamente lo que ha llevado al colectivo a pedir financiación para realizar esta campaña a través de Internet, donde ha informado de la apertura de una cuenta en el Triodos Bank (1491-0001-26-2023859123), donde todos aquellos que quieran pueden realizar una aportación que permita a la Marea Verde sufragar cuñas de radio, carteles publicitarios o cualquier otra medida para promover la matriculación en la pública.
Según la agrupación, el objetivo de esta campaña no es otro que evitar el deterioro y desprestigio de la Escuela Pública que hace día a día Esperanza Aguirre para “favorecer a centros privados y concertados y convertir un derecho de las personas en un negocio”.
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