Antonio María Rouco Varela sigue empeñado en conseguir que El País rectifique la información que publicó el pasado febrero sobre la financiación de la Iglesia. Tras pedir al diario y al Defensor del Lector de este medio una corrección, el presidente de la Conferencia Episcopal ha decidido ahora dar a conocer a la opinión pública los motivos de su enfado.
La financiación de la Iglesia Católica se ha convertido en un nuevo motivo de discusión entre la izquierda y los obispos españoles. Una brecha que se abrió hace un mes con la publicación de un artículo en la versión dominical de El País que aseguraba que estos religiosos “gozan de una inmunidad casi total ante el fisco” mientras que para el resto de contribuyentes suben los impuestos.
La Conferencia Episcopal no está dispuesta a dejar que las “falsedades sobre la financiación de la Iglesia Católica en España” vertidas por el diario del Grupo Prisa caigan en el olvido, por lo que hoy ha decidido hacer público su enfado con El País, al que no han conseguido arrancar una rectificación sobre este artículo.
Unos días después de la publicación de esta información bajo el título ‘Jaque al paraíso fiscal’, los obispos remitieron una carta al periódico para “aclarar los datos que se daban”, tal y como asegura la Conferencia Episcopal en su página web dónde se ha ‘colgado’ esta misiva. Una petición ante la que aseguran no se obtuvo respuesta alguna, lo que les llevó a pedir al Defensor del Lector de El País que mediase en este asunto.
Los obispos querían que esta figura actuase para lograr la rectificación del diario, aunque su respuesta no hizo más que aumentar su enfado. El Defensor del Lector “contestó afirmando que las invocaciones al derecho de rectificación y el análisis de sus motivos legales no entraban dentro de su función, por lo que no podía comentar las consideraciones que se le hacían”. Y la Conferencia Episcopal asegura que “sobre las implicaciones éticas del asunto en cuestión no dijo nada”.
Por ello, y tras 25 días de silencio en los que el periódico, según la CEE, ha incumplido su obligación “de dar cauce adecuado al ejercicio del derecho de rectificación”, la institución presidida por Rouco Varela ha decidido dar a conocer la carta que enviaron en febrero a El País.
En ella los obispos aseguran que la afirmación de que el Estado tiene en nómina a obispos y curas como si fuesen funcionarios es totalmente falsa, ya que “son las diócesis quienes retribuyen mensualmente a los sacerdotes”. Además, la Conferencia Episcopal niega que la Iglesia católica esté exenta de pagar el IBI, como dice el diario, y aseguran que sólo “disfruta de las mismas exenciones que otras instituciones sin fines lucrativos”.
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