La jueza que investiga las supuestas irregularidades en los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 686 millones de euros a Javier Guerrero, exdirector general del Trabajo de la Junta con la que trata de asegurar la devolución de las «ingentes cantidades de dinero que han salido de manera supuestamente ilícita del erario público».
En un auto conocido esta mañana la magistrada encargada del ‘caso de los ERE’ ha fijado una fianza récord para Guerrero además de rechazar la petición de la defensa exresponsable de Trabajo de Andalucía de apartar a la Junta como acusación particular en esta investigación.
Una negativa de Alaya que se debe a que al perjuicio que podrían haber sufrido los andaluces por la supuesta práctica de Guerrero. “Primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y segundo por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad” en que se fijara esta responsabilidad, cuyo importe, según Europa Press, “se aplicaría al pago de la misma, en vez de a los fines públicos e interés general a los que deberían ser destinados».
