La polémica Ley Sinde, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 30 de diciembre, entra en vigor. Concretamente, echa a andar la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo que tendrá competencia para cerrar las páginas web que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
La nueva regulación antidescargas, idéntica al último borrador ideado por la ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, da a esta Comisión potestad para retirar contenidos y hasta cerrar páginas web que sirvan o enlacen sin permiso de los titulares de derechos.
El objetivo de esta ley, según el ministerio dirigido por José Ignacio Wert, es acabar con las páginas de enlaces, y en ningún caso el nuevo órgano administrativo impondrá sanciones ni multas a los vulneradores de la ley ni emprenderá acciones civiles o penales contra los infractores.
