Mariano Rajoy parece no fiarse de los ayuntamientos. El Gobierno ha decidido pedir a los alcaldes un listado con las facturas sin pagar en vez de aprobar una línea ICO que les permitiese saldar estas deudas. Tal y como ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, los ayuntamientos tendrán que remitir a Hacienda una relación de sus acreedores para poder acogerse a este plan de ajuste.
El Ejecutivo ha acordado hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, pedir a las corporaciones locales un listado con sus facturas pendientes. Los ayuntamientos tendrán que entregar en el Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo esta relación de acreedores si quieren acogerse al plan que permitirá a los proveedores cobrar las facturas pendientes hasta el 31 de diciembre de 2011.
Aunque no sólo eso, ya que la vicepresidenta del Gobierno también ha anunciado que antes del 31 de marzo los ayuntamientos tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.
Según Sáenz de Santamaría, se trata de poner “orden” y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes. Además, el Gobierno pretende que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.
Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevará a cabo una modificación “temporal y puntual” de la normativa que permita el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores, ya que la legislación actual no permite que la Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta naturaleza.
