Madrid, la primera autonomía en aplicar la reforma laboral

La Comunidad de Madrid no va a desaprovechar la oportunidad que le ha brindado el Gobierno central con la reforma laboral. Sólo unos días después de que la norma haya entrado en vigor el Gobierno de Esperanza Aguirre ya ha anunciado que este año reducirá la plantilla de la administración en unas 800 personas. Se convierte así en la primera autonomía en aplicar la nueva norma que regula el mercado de trabajo.

Madrid será la primera región en aplicar la reforma laboral de Mariano Rajoy. Tan sólo unos días después de que el Gobierno aprobase la norma, y en plena resaca de reacciones de sindicatos y partidos políticos, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha anunciado un importante recorte de su plantilla.

Concretamente, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha reconocido hoy que en 2012 el personal de la administración se reducirá en casi un millar de personas debido a la situación económica de la región.

El recorte de plantilla, según han indicado fuentes del Ejecutivo de Aguirre a EL BOLETÍN, se llevará a cabo a través del “relevo vegetativo”, es decir, trabajadores que se jubilan y cuyas plazas no serán cubiertas, o sin sustituir los puestos que queden vacantes. En todo caso, el Gobierno regional guardará una especial atención a los servicios sociales con el objetivo de minimizar las protestas que se suceden desde septiembre, por lo que lo más probable es que se proceda a una reducción de funcionarios en el área administrativa.

Esas mismas fuentes han querido desvincular el recorte anunciado por Manglano del decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno, aunque lo cierto es que la proximidad con que se han producido ambos hechos lleva a pensar que Esperanza Aguirre no quiere desaprovechar esta oportunidad para ajustar el número de trabajadores de la Comunidad.

Precisamente, el consejero de Economía de la región daba hoy la bienvenida a la posibilidad de que la reforma laboral facilite la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la administración, permitiendo así al sector público su “adaptación a los tiempos” actuales de crisis económica. “Hay que dar facilidades para que las plantillas se adapten al menor nivel de ingresos. Cada organismo decidirá en función de su situación”, ha indicado.

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