Los trabajadores de la administración madrileña han decidido calentar la manifestación del próximo 7 de febrero contra los recortes promulgados por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y han preparado un manifiesto en defensa de los servicios públicos en el que explican la repercusión de estas medidas adoptadas por el Gobierno autonómico.
Los recortes a la función pública implantados por la ‘lideresa’ aparecen recogidas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2012, y suponen la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas para los 170.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid, así como retirar hasta un 40% de su sueldo durante las bajas por enfermedad.
Estas medidas han enfurecido a los funcionarios, que han decidido ir preparando el terreno para la manifestación que recorrerá las calles de Madrid la semana que viene y han presentado un manifiesto “para explicar a los trabajadores y ciudadanos la repercusión que las medidas adoptadas por el Gobierno regional van a tener en el empleo y en el futuro de los servicios públicos madrileños”.
Un texto que podría ser el ‘germen’ de una protesta de mayor calado contra los recortes implantados por el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente ya ha dado por hecho que los próximos ajustes que realice su Ejecutivo le costarán una huelga general, por lo que no es de extrañar que las acciones iniciadas por los sindicatos de la función pública madrileña contra Aguirre vayan más allá.
De momento, y como adelantó EL BOLETÍN hace unos días, los trabajadores públicos están estudiando hacer una ‘macro-manifestación’ contra el Gobierno central antes del verano, ya que consideran que las medidas adoptadas por Mariano Rajoy sólo traerán la pérdida de calidad de los servicios públicos.
Estos recortes, anunciados por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría tras el segundo Consejo de Ministros de la legislatura, que se celebró el pasado 30 de diciembre, contemplan tanto la congelación del salario de los funcionarios como de la oferta de trabajo público. Además, en esa reunión también se aprobó, al igual que hiciese Esperanza Aguirre en Madrid, el incremento de la jornada laboral de funcionarios a 37,5 horas semanales.
