El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, que le juzga por investigar los crímenes del franquismo sin competencia. Para defenderse, el magistrado ha comparado su instrucción de esta causa con la realizada por el juez Ismael Moreno sobre los “criminales de guerra nazis”.
Según ha declarado Garzón, se sintió en la “obligación” de investigar los crímenes y desapariciones acaecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que obedecían a “un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas”, tras recibir numerosas denuncias en su juzgado, recoge Europa Press.
Por ello, ha indicado ante los siete magistrados que forman el tribunal que le juzga que no entiende la disparidad de criterio mostrada por la Fiscalía en los dos casos que investigaba la Audiencia Nacional sobre los crímenes del franquismo y los del régimen nazi, a su entender similares.
Garzón, que está suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010, ha explicado que los hechos referentes a estas dos causas tienen un contenido “prácticamente idéntico”, es decir, el plan de eliminación de miles de personas, “de ocultamiento de cadáveres o de ejecuciones extrajudiciales”.
Además, ha indicado que el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional “estaba o sigue tramitando” unos hechos ocurridos entre 1942 y 1944 en campos de concentración presuntamente cometidos por “criminales de guerra nazis” a petición del Ministerio Fiscal, una investigación en la que incluso “una persona ha sido recientemente condenada por complicidad con el genocidio”.
El Tribunal Supremo ha desestimado esta mañana las cuestiones previas formuladas por la defensa de Garzón, que había pedido que se aplicase la ‘doctrina Botín’, por la que la apertura de juicio oral no procede si actúa la acusación popular en solitario, para reclamar la nulidad de este proceso.
La acusación, ejercida por Manos Limpias, pide para Baltasar Garzón la pena máxima prevista en el Código Penal para el delito de prevaricación del que está acusado, que alcanza los 20 años de inhabilitación.
