La Audiencia Nacional ha decretado el embargo del patrimonio de los Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, casi un centenar de obras de arte y varios vehículos de alta gama.
Esta decisión llega solo un día después de que el juez Pablo Ruz, que investiga la causa abierta contra la familia jerezana por una presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, ordenase, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el registro de la casa que el octogenario empresario tiene en la urbanización de Somosaguas, situada en Pozuelo de Alarcón, que duró casi 15 horas.
El tribunal ha decretado la incautación de estos bienes para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de más de 289 millones de euros contraídas por la familia con los afectados, según Europa Press.
No obstante, ni José María Ruiz-Mateos, su mujer Teresa Rivero ni sus trece hijos están obligados a abandonar las viviendas hasta que se decrete la orden de desalojo para proceder a su venta.
La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que la familia Ruiz-Mateos captó un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés de trece empresas del grupo Nueva Rumasa. Los fiscales fijan en 289,1 millones de euros el total que queda por abonar a los inversores, ya que el grupo les pagó algo menos del 25% de las obligaciones contraídas con ellos.
