El histórico jefe del PP de Orense, José Luis Baltar, famoso por haber creado una potente red ‘clientelar’, ha presentado hoy su dimisión como presidente de la Diputación de esta provincia gallega. La caída de esta figura clave hasta hace poco en los equilibrios de poder del partido conservador en la región, prueba según algunos observadores los rápidos avances de la ‘operación limpieza’ que Rajoy impulsa en su grupo desde que llegó a la Moncloa.
La idea del líder popular sería sacar de la política a todas las figuras polémicas, sospechosas de corrupción o que puedan tener a medio plazo problemas con la justicia. Una estrategia que culminará en el próximo congreso del Partido en Sevilla con la aprobación de una nueva norma estatutaria que enterrará para siempre la doctrina de la ‘presunción de inocencia’ que el propio Rajoy defendió durante la legislatura anterior y que permitió, por ejemplo, que Francisco Camps, un imputado por la trama Gürtel, se presentase como candidato a la Generalitat valenciana.
Precisamente es el sucesor de Camps, Alberto Fabra, quien ha introducido la enmienda de “limpieza”. Fabra va a aprovechar el Congreso del PP en Sevilla para acabar con la sombra de la corrupción que ha salpicado a dirigentes como Francisco Camps, Carlos Fabra o la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ésta por el ‘caso Brugal’. El presidente de la Generalitat ha dirigido la redacción de la `Carta de compromisos’, que se aprobará en este cónclave, con la que se fuerza a los populares a “poner a disposición” su cargo público u orgánico cuando se les abra un proceso judicial.
Entre otros afectados, Carlos Fabra, ex presidente de la diputación de Castellón tienen causas abiertas y la justicia fijó para él la fianza récord para un político en España de 4,2 millones de euros. Aunque ya no ostenta responsabilidades en las administración valenciana, sigue siendo el presidente del partido en Castellón. Un cargo al que tendrían que renunciar, según la carta del presidente de la Generalitat.
En el caso de Baltar del que hablábamos al principio, por el momento, no existía ningún caso judicial en curso contra él. Baltar formaba parte junto a Xosé Cuiña del ‘sector de la boina’ del PPdeG, un ala crítica con las políticas de Mariano Rajoy, acusados de llevar a cabo una política caciquil y clientelar en áreas rurales de Galicia.
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