Las empresas que se dedican a la limpieza de las calles de Madrid ven peligrar sus beneficios ante los planes de la alcaldesa de la capital, Ana Botella, de reducir los gastos en la concesión de estos servicios. Según las fuentes sindicales consultadas por EL BOLETÍN, la prestación “integral”, el abaratamiento y el pago en función de los resultados anunciados ayer por el consistorio haría que las concesionarias entrasen en pérdidas, ya que sólo podrían cubrir las nóminas de los trabajadores.
Estos movimientos del Ayuntamiento de la capital, que según ha confirmado Félix Carreón Jimeno, responsable de limpieza viaria de CCOO Madrid, pretende “agrupar todos los contratos” para ofrecer los servicios de limpieza, recogida de basuras y jardinería de forma “integral”, no han hecho más que crear incertidumbre entre las concesionarias, que ya han tenido que recortar las plantillas en los dos últimos años como consecuencia de las reducciones del 15% de personal exigidas desde el Palacio de Cibeles, unas reducciones que ahora se ampliarán con la prestación integral de servicios.
Una idea que también comparte Moisés Torres, responsable de los servicios de limpieza en UGT Madrid, que cree que las próximas concesiones que pretenda adjudicar el consistorio madrileño correrán la misma suerte que la de Selur, el Servicio de Limpieza Urgente que actúa en eventos como la Cabalgata y que salió a concurso el pasado mes de diciembre quedando desierto ante la inasistencia de las concesionarias.
Según el representante de UGT, estas empresas se negarán a acudir a las próximas convocatoria ya que si al recorte del año pasado, que ha levantado las críticas de los ciudadanos por los problemas de limpieza de las calles de Madrid, se le suma el que pretende llevar a cabo ahora Ana Botella, las concesionarias entrarán en pérdidas porque sólo podrán afrontar las nóminas de los empleados.
Los sindicatos han indicado que el pago del consistorio por estos servicios se verá drásticamente reducido con la agrupación de contratos, lo que hará que las empresas que decidan ajustarse a estos estándares tengan, tras las reducciones ya aplicadas por el Ayuntamiento, cerca de un 40% menos de trabajadores.
