El Gobierno exigirá responsabilidades penales a los políticos que excedan el gasto

Mariano Rajoy quiere cumplir con el objetivo de déficit sea como sea. Por ello, el Gobierno modificará la Ley de Transparencia para poder exigir responsabilidades penales a los políticos que excedan el gasto fijado en el presupuesto, según ha desvelado hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Asimismo, el Ejecutivo eliminará 400 empresas públicas este año para contener el gasto.

“Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”, ha señalado Montoro, para indicar después que los gestores públicos que “falsean” la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen el mismo delito.

Por ello, el ministro se ha mostrado partidario de que se exija rigor en la gestión de un gobierno, porque no es correcto que haya “facturas falsas en el cajón, falta de transparencia” ni tampoco “acumular deudas que luego que vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora”.

No obstante, como ya anunciara ayer Mariano Rajoy, la intención del Gobierno no es dejar en la ‘estacada’ a ninguna región, sino ayudar a que para alivien sus finanzas, por lo que el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha la línea ICO para que las autonomías puedan afrontar pagos pendientes con sus acreedores “en un par de meses”.

Según ha indicado Montoro, la intención del Gobierno es que esos proveedores a los que las autonomías deben dinero puedan cobrar las facturas pendientes “antes del verano”, pues las deudas que las comunidades tienen con ellos, que en algunos casos vienen de lejos, les impide financiarse e incluso está provocando el cierre de negocios.

Además, el ministro ha avanzado que “en las próximas semanas” se aprobará la ampliación a diez años del plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros), así como el adelanto que hará el Gobierno a las autonomías de la liquidación del ejercicio 2010 y que hará que reciban, antes de julio, unos 8.000 millones de euros.

Empresas públicas.

A estas medidas para contener el gasto también hay que añadir la decisión de Montoro de eliminar 400 empresas públicas este año. Según ha indicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en una entrevista en RNE, el Gobierno pactó ayer con las comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que esas empresas “estén liquidadas notarialmente a 31 de diciembre”.

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