El Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha dado los primeros pasos para la privatización de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem). Según ha indicado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, entre las medidas que incluirá el Ejecutivo en la reforma laboral en la que ya ha empezado a trabajar habrá un punto dedicado al impulso a la intermediación del sector privado en la búsqueda de empleo.
Báñez ha anunciado esta medida durante la toma de posesión de altos cargos del Ministerio, donde ha justificado la inclusión del sector privado ante la ‘ineficacia’ de los servicios públicos de empleo, que según ha indicado sólo consiguen colocar al 3% de los parados.
La ministra, que cree que estos resultados “no son buenos” si se tiene en cuenta que en España hay más de cinco millones de desempleados, ha asegurado que el Gobierno “pondrá todo su empeño” para que la reforma laboral refuerce la empleabilidad de los parados, algo que requiere que las empresas privadas puedan trabajar junto al sector público en la búsqueda de empleo “con todas las consecuencias”.
Aunque no sólo eso, ya que Báñez también ha asegurado que el objetivo máximo de la reforma laboral será el de contribuir a crear empleo, para lo que se trabajará en cuatro líneas básicas: la empleabilidad ya mencionada, la estabilidad en el empleo, la formación a lo largo de toda la vida laboral, y la flexibilidad interna en las empresas para que “cuando vengan mal dadas”, empresarios y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan vía despidos.
La jefa de Empleo ha asegurado que el Ejecutivo de Rajoy quiere “luchar contra un mercado laboral demasiado rígido y que tiene demasiada dualidad” y que su intención es “presentar” la reforma laboral en el primer trimestre del año.
