Esta resolución, fechada el pasado 29 de julio y publicada hoy en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV), designa a Susana Fayos Cabañero, que era secretaria particular de Camps cuando éste se encontraba al frente del gobierno regional, como asesora “con unas retribuciones equivalentes a secretaria del presidente”, según informa Efe.
La Generalitat también nombra a Francisco Campos Ibáñez, quien era el chófer del ex presidente cuando ostentaba su antiguo cargo, como conductor a su servicio, a petición del propio Camps.
Según algunos medios, se trata del primer ex presidente que se acoge a este tipo de ‘beneficios’, que establece la propia ley del Estatuto de los ex dirigentes de la Generalitat.
En concreto, este documento reconoce el derecho de los ex presidentes a nombrar a dos asesores y un conductor, que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la región, así como a disfrutar de un coche oficial y “un local adecuado” para instalar una oficina.
No obstante, esta no es la única prerrogativa que ha solicitado Camps tras su dimisión. El ex presidente también ha pedido, tal y como establece el Estatuto antes mencionado, formar parte del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), a pesar de ser diputado y de estar imputado en la ‘causa de los trajes’ de la trama ‘Gürtel’.
En este caso, y debido a la incompatibilidad de su acta en las Cortes valencianas con su nuevo puesto como miembro permanente y vitalicio del CJC, donde actuará con voz pero sin voto, Camps ha anunciado que renunciará a su retribución como diputado autonómico para no contradecir el régimen de incompatibilidades establecido para los dirigentes de este Consejo.
