CCOO ha presentado hoy en los juzgados de Plaza Castilla su denuncia contra dos altos cargos de la Consejería de Educación de Madrid por tomar represalias contra los profesores que han ejercido “su derecho constitucional a opinar” sobre las protestas de la Marea Verde contra los recortes que la consejera Lucía Figar ha implantado este curso en la Educación pública. Concretamente, el sindicato ha denunciado al director de área territorial Madrid Oeste, José Macías, y al de Madrid Norte, Enrique Ramos.
Según ha indicado la Federación de Enseñanza de CCOO en un comunicado, esta querella está motivada sobre “la posible actuación delictiva de ambos altos cargos al adoptar resoluciones, a sabiendas no ajustadas a derecho, que suponen graves perjuicios para algunos profesores destinados en centros educativos públicos de esas áreas territoriales”.
El sindicato defiende que los docentes han sido castigados “por haber osado ejercer su derecho constitucional a opinar y por haberse comportado éticamente de forma ejemplar, declarando públicamente (en distintos medios de comunicación) la verdad sobre su situación laboral” tras implantarse las Instrucciones de inicio de curso en las que se contemplan los recortes, y que no es otra que tener que hacerse “cargo de asignaturas de las que no eran especialistas y que la propia administración reconoce que no son afines a las materias en las que esos profesores son titulados”.
Poco después de denunciar esta situación, los directores territoriales “en vez de reconocer y corregir esa situación perjudicial para el alumnado, amenazaron a los profesores, advirtiéndoles, verbalmente y en conversaciones personales, de las consecuencias negativas a las que se exponían si no rectificaban sus declaraciones”. Algo que el sindicato considera inadmisible ya que “estos altos cargos de confianza, nombrados por la consejera Lucía Figar, desautorizaban a esos profesores, les exigían mentir y los chantajeaban”, e incluso “les recomendaban aceptar la caprichosa e improcedente sanción que les imponían: trasladarse del centro en el que estaban trabajando a otro centro”.
Los profesores, que fueron “trasladados a otro centro u obligados a compartir dos centros”, no han aceptado el chantaje, han mantenido “su denuncia pública de la arbitraria decisión de la Administración” y han presentado, a través de los servicios jurídicos de CCOO, “la denuncia penal correspondiente por prevaricación y abuso de autoridad”.
La denuncia ha sido presentada esta mañana en los juzgados por Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, y Carmen Perona, la responsable del gabinete jurídico del sindicato.
