El PP valenciano ha sufrido hoy su particular ‘lunes negro’. Las diversas causas que varios cargos populares tienen abiertas les han obligado a iniciar un desfile por los tribunales. La encargada de inaugurar el ‘pase de modelos’ ha sido la alcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá, que ha acompañado a los juzgados a uno de sus hombres de más confianza en el ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, para que declarase por un presunto delito de prevaricación. Mientras esto pasaba en Valencia, en Castellón la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat, Isabel Bonig, ha sido citada a declarar por presuntos delitos de acoso laboral y lesiones a un funcionario. Para terminar el recorrido, en Alicante, el magistrado del ‘caso Brugal’ desestimaba los recursos interpuestos a las escuchas.
Tras unos meses en los que los populares han estado alejados de los tribunales, la llegada las primeras lluvias del otoño este fin de semana a la Comunidad valenciana han traído la vuelta de las habituales estampas de principios de año en la que se veían a dirigentes del PP declarando en los juzgados. Eso sí, con un cambio en los protagonistas. Francisco Camps ha dejado paso a otros dirigentes como el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital.
Bellver ha comparecido esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de la región para declarar por un presunto delito de prevaricación al autorizar la construcción de un aparcamiento en una zona protegida de la ciudad de Bien de Interés Cultural como los jardines de Monforte, lo que hacía que este plan necesitara del pertinente informe de la dirección general de Patrimonio. Algo que, según Bellver, desconocía.
Antes de esta declaración, el edil ha hecho su entrada en la sede del tribunal autonómico acompañado por su ‘mentora’, Rita Barberá. La alcaldesa ha apoyado en todo momento al concejal y ha insistido en su defensa, como ya hiciera hace unos meses con el mencionado Camps.
Bellver se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación.
El segundo desfile se producía unos kilómetros más al norte de Valencia, en concreto en los juzgados de Nules de Castellón, dónde se ha citado a declarar a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat, Isabel Bonig. La integrante del Ejecutivo valenciano que preside Alberto Fabra tendrá que comparecer el próximo 28 de octubre por un presunto delito de acoso laboral y otro de lesiones tras la denuncia que en su día interpuso un funcionario del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó (Castellón) cuando esta era alcaldesa.
El trabajador público acusa a Bonig de supuesto trato “inhumano y degradante”, así como de dedicarle “gritos, insultos y vejaciones” por haber trabajado en el consistorio cuando en este gobernaba el PSOE.
Para terminar con la pasarela, hay que ir a la última provincia de la región que queda, Alicante. Allí, el juez del juzgado número 5 de su capital, Manrique Tejada, ha desestimado los recursos sobre las escuchas policiales realizadas en torno al ‘Caso Brugal’ que en su día presentaron los abogados del empresario Enrique Ortiz, su esposa María Manuela Carratalá, y de la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo.
