La dimisión de Teddy Bautista como presidente del Consejo de Dirección de la SGAE no ha conseguido zanjar la división interna en la entidad. Un importante grupo de autores continúa reclamando que se dirima si las elecciones del 30 de junio fueron válidas y que se deje claro si la Junta Directiva actual será de transición hasta que la comisión rectora concluya su investigación, o si se va a quedar definitivamente.
En estas exigencias tiene mucho que ver el hecho de que la comisión rectora esté dominada por personas del entorno de Teddy Bautista que, desde que se conoció su imputación, le retiraron su apoyo y le pidieron que dimitiera. Entre ellos, se encuentran Víctor Manuel y Ernesto Caballero. Fuera han quedado sus incondicionales: Caco Senante y Sabino Méndez.
Tampoco ha gustado nada el hecho de que la Junta Directiva haya permitido al Grupo Prisa anotarse un tanto al colocar como presidente de la Comisión, en calidad de gestor externo e independiente, a Miguel Satrústegui quien, a pesar de que hoy el diario El País omita el detalle, fue secretario general y secretario no consejero del Consejo de Administración del conglomerado de la familia Polanco. Satrústegui asumirá las funciones ejecutivas que tenía atribuidas Teddy Bautista mientras la comisión trabaje.
El hecho de que Prisa se haya anotado este tanto no es baladí. Su estrecha relación con Telecinco (Prisa posee el 13,3% de las acciones de Mediaset, dueña de la cadena de Paolo Vasile) le convierte en defensor de los intereses de las televisiones que, como viene contando EL BOLETIN, mantienen una ‘guerra’ desde hace años con la cúpula de la SGAE por el pago de derechos de autor y por no ser determinantes a la hora de repartir la recaudación.
Es en este contexto en el que el diario El País lleva, desde que se conoció la investigación judicial, presionando para que Bautista dimitiera.
Sinde. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, comparece desde las cuatro y media en la Comisión del ramo del Congreso para explicar, a petición propia, el papel de su departamento en el control de las entidades de gestión de derechos de autor. Una vez más, Sinde recordó que el Tribunal Constitucional determinó en noviembre de 1997 que las comunidades autonómas tienen la competencia de control e inspección de estas sociedades, ocho en total en la actualidad.
Unas horas antes, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sinde anunciaba cuatro medidas en respuesta a una interpelación del diputado del PP, José María Lasalle. La primera de ellas, un cambio en la Ley de Propiedad Intelectual para impedir “la creación indiscriminada” de sociedades y fundaciones mercantiles por parte de las gestoras. En segundo lugar, una “auditoría pública de funcionamiento obligatoria” para todas las entidades de gestión; En tercer lugar, resolver las dudas sobre las competencias en el control de las sociedades. Por último, crear un régimen sancionador especial para aquellas que no cumplan con sus actividades.
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