La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares subvencionados con dinero público, ha advertido a la Junta que le acusará de obstrucción a la Justicia si en un plazo de 72 horas no entrega en un sobre precintado las actas de los consejos de Gobierno desde 2001 que le viene reclamando. El Ejecutivo de Griñán se muestra dispuesto a hacerlo al considerar que el precinto de las actas salvaguarda su confidencialidad.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha hecho público un nuevo auto en el que concede al Gobierno andaluz un plazo de tres días para que entregue “para su custodia” un sobre precintado con las actas que le reclama para conocer el contenido de las reuniones en las que se aprobaron los ERE irregulares. La juez advierte al Ejecutivo de José Antonio Griñán que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia si no cumple estas medidas cautelares.
Hasta ahora, la Junta se ha negado a entregar las actas de los últimos diez años al entender que se trata de documentación reservada y alegando que la petición incluía contenidos al margen del asunto de la investigación. Además, el Gobierno andaluz ha anunciado un “requerimiento de incompetencia” ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, por considerar que la juez “carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas”. A raíz de esta decisión, la juez Alaya ha emitido este auto con el objetivo de mantener bajo custodia las actas, en sobre lacrado, mientras el Tribunal de Conflictos resuelve el requerimiento.
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado esta mañana que la Junta “no tiene ningún tipo de reparo inicial” a atender la medida cautelar dictada por el Ejecutivo. “Nos parece una solución que salvaguarda la confidencialidad y hay tiempo, por tanto, a que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, cuyo veredicto será para nosotros muy interesante y digno de todo respeto”, señaló.
Además, adelantó que se remitirán al juzgado “certificaciones de todos aquellos acuerdos relacionados” con los ERE aprobados por el Gobierno, a pesar de que la juez no los ha solicitado. La Junta está personada en la causa.
Mar Moreno también se ha pronunciado sobre la dimisión del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, provocada por una guerra interna entre los fieles a Manuel Chaves y el entorno de Griñán. La portavoz ha mostrado su respeto por las “decisiones personales y políticas” de Pizarro y ha negado cualquier “crisis o inestabilidad” en la Junta.
En este sentido, aclaró que los cambios de Gobierno “forman parte de la normalidad”, a pesar de que este ha sido el cuarto desde abril de 2009. Esta mañana ha tomado posesión como nuevo consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, un acto al que no ha asistido su antecesor por motivos que se desconocen.
