El fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, ha decidido no presentar ante la sala 61-encargada de pronunciarse sobre la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos- una prueba de su demanda que señalaba que uno de los promotores de la formación, José Javier Artola, tenía una cuenta bancaria a favor de presos de ETA.
Según ha reconocido el instituto público, la parte demandada “ha justificado debidamente” que se trata de una cuenta corriente para ayudar a determinadas personas pertenecientes a la Facultad de Informática de la Universidad de San Sebastián, y de ahí que haya decidido retirarla como indicio de la conexión entre Sortu y ETA.
Con esta decisión, que llega el mismo día en el que el Supremo decide sobre la inscripción de Sortu como partido político, tras las denuncias de la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre su conexión con ETA, la Fiscalía da por buena la explicación contenida en el escrito de alegaciones de la defensa de Sortu.
Quienes sí declararán como testigos son los peritos que han servido como base a las demandas de ilegalización presentadas ante el Supremo.
