La Junta de Andalucía se ha personado como acusación en el ‘caso de los ERE’, que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. El ministro de Fomento, José Blanco, ha advertido que se investigará hasta el final “caiga quien caiga”.
La juez Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aprobados por el Gobierno autonómico, ha dictado un auto en el que admite la personación en la causa como “parte acusadora” de la Junta, que exigirá “responsabilidades civiles y penales a los presuntos culpables”, según señaló la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno.
La portavoz del Gobierno que preside José Antonio Griñán quiso aclarar una vez más que la Junta es la principal perjudicada por estos ERE irregulares y por ello los denunció ante la Justicia. Además, Moreno anunció que el Gobierno regional va a iniciar “de inmediato” un procedimiento para “dejar de pagar” las prejubilaciones que algunas personas estarían percibiendo “sin derecho a ello” al ser incluidas en ERE de empresas en las que nunca trabajaron.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha respaldado la actuación de la Junta. Así, aclaró que tanto el Gobierno regional como el PSOE andaluz “han demostrado determinación para investigar hasta el final, caiga quien caiga, y caerán todos los que hayan hecho un abuso de poder o se hayan beneficiado de la Junta”.
Paralelamente, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, apuntó hoy que el caso de los fraudes detectados podría derivar en la financiación ilegal del PSOE, ya que un falso prejubilado podría haber donado a este partido una sede en Camas (Sevilla).
