La preocupación se extiende por las filas del PP ante la posibilidad de que Madrid y Valencia entorpezcan la campaña electoral de Mariano Rajoy para las generales en un momento en el que las encuestas le otorgan cada vez más ventaja sobre el PSOE. En el caso de Madrid, los populares temen que un posible deterioro en la salud de Esperanza Aguirre tras las elecciones del 22 de mayo abra una ‘guerra civil’ por el poder regional. En cuanto a Valencia, la Justicia estrecha el cerco sobre Francisco Camps y su equipo. Es prácticamente seguro que el presidente valenciano tendrá que sentarse en el banquillo por el ‘caso de los trajes’, mientras que los tribunales deciden si abren una nueva causa por presunta financiación ilegal del PP regional.
Fuentes cercanas a la cúpula del PP desvelaron a EL BOLETIN que la inquietud en torno a la enfermedad de Esperanza Aguirre lejos de desaparecer, aumenta. Y es que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene que someterse a sesiones de radioterapia hasta Semana Santa, tuviera que renunciar al Gobierno regional tras ganar las elecciones del 22 de mayo -una victoria que las encuestas dan por segura- estallaría la guerra en el PP de Madrid. Con la particularidad de que el ‘número dos’ de Aguirre en el Ejecutivo regional, Ignacio González, y el ‘número dos’ de la presidenta en el partido, Francisco Granados, mantienen una muy mala relación desde hace años. Sin olvidar el pequeño sector que lidera Alberto Ruiz-Gallardón dentro del PP de Madrid.
En este contexto, no pocos observadores políticos han notado cambios en el discurso de la presidenta regional, que ahora se muestra más conciliadora y menos dura con sus adversarios. De hecho, hace un par de días, preguntada sobre la sorprendente cancelación por parte del PSOE del mitin de Vistalegre en el que iba a participar José Luis Rodríguez Zapatero no quiso ‘hacer sangre’ y se limitó a recordar que ella misma ha tenido que cambiar un acto de su partido con Mariano Rajoy para posponerlo desde el 11 de abril al 8 de mayo.
Esta situación supondría un duro golpe y graves problemas para la campaña electoral de Mariano Rajoy a 10 meses de las generales, si finalmente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no las adelanta. Pero, sin duda, más preocupante para el PP es la causa judicial de Francisco Camps. El juez del Tribunal Superior de Valencia José Flors, que instruye el llamado ‘caso de los trajes’ contra el presidente regional, podría fijar la fecha del juicio oral para el próximo otoño, en puertas de la campaña electoral.
Paralelamente podría desarrollarse otra causa contra el dirigente valenciano, ya que hoy mismo el juez del mismo tribunal José Ceres ha hecho pública una providencia en la que señala que “procede” reactivar la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de la región, así como de prevaricación, delito fiscal y cohecho que presuntamente habrían cometido altos cargos del Ejecutivo de Camps y del partido en sus relaciones con la trama Gürtel.
Congreso
A estas dificultades por las que tendrá que atravesar Rajoy en la recta final antes de las elecciones generales se une el hecho de que el partido, según contemplan sus estatutos, debe celebrar un congreso este año para ratificar al candidato y a su equipo.
El entorno del presidente no es favorable a celebrarlo, más aún teniendo en cuenta que hay muchas voces que reclaman la sustitución de su ‘número dos’ María Dolores de Cospedal como secretaria general si gana las elecciones manchegas. Ni Cospedal ni Rajoy quieren que esto se produzca y abogan por compatibilizar ambos cargos. Además, el líder del PP no quiere que se reviva una situación como la del congreso de Valencia de 2008, cuando hubo un amago de ‘motín’ contra su permanencia al frente del partido.
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