La Plataforma contra la privatización del Canal denuncia el ánimo de lucro que tiene el Gobierno de Ignacio González al pagar 107 millones por gestionar el agua de Lanzarote, que creen tiene como objetivo hacer más atractiva su venta.
La compañía más importante del Gobierno de Madrid se ha hecho con la gestión integral del agua en Lanzarote al ganar el concurso convocado por Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) y la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II critica “esta aventura empresarial”.
Ecologistas en Acción, colectivo que forma parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal se pregunta en su página web “¿Qué pinta una empresa pública como el Canal pagando 105 millones de euros por la concesión de INALSA, una empresa pública que está en quiebra?” y rechaza que “Ignacio González inicie una nueva aventura empresarial que la vamos a pagar los ciudadanos, los de aquí con mayores incremento de tarifas y los de Lanzarote con la misma moneda”.
La plataforma explica que se oponen a esta operación “porque es bochornoso que una empresa pública cuya finalidad fundamental debe ser gestionar el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, dedique recursos y medios económicos a apropiarse de otra sociedad pública, INALSA, compitiendo para ello con empresas privadas del sector” y recalcan que “el ánimo de lucro sustituye en este caso a la defensa del interés de los ciudadanos madrileños.
Estos colectivos hacen notar que “dicha aventura la pueden pagar caro los ciudadanos madrileños si fracasara la operación, como fracasó la aventura empresarial del Canal en Cáceres” y consideran que su objetivo oculto es “avanzar en un proyecto multinacional en el marco de la privatización del Canal y hacer más atractiva su venta a los empresarios privados”.
Desde esta plataforma se teme que este proyecto origine sucesivas subidas de las tarifas del agua por encima del IPC habida cuenta de que “con esta actuación Canal Gestión S.A. se compromete a invertir 105 millones de euros en cinco años, de los cuales 50 millones deben invertirse a corto plazo para pagar la deuda que INALSA tiene con sus acreedores, lo que repercutirá negativamente en los activos inexcusables para la realización de las inversiones necesarias e incrementará la deuda con los bancos”
Despilfarro y falta de transparencia
A esta plataforma le “parece una burla que mientras el Canal justifica el proceso de privatización por falta de dinero para financiar infraestructuras que estima necesarias, pero que aún no han sido justificadas, se dilapiden 105 millones de euros en una actuación innecesaria”.
Además, hacen notar que “lapidación de los recursos de Canal Gestión S.A se realiza en un contexto de reducción de los costes de personal, de precarización de la plantilla y de disminución de los derechos económicos y sociales de sus trabajadores”, haciendo hincapié en que “los nuevos contratos de trabajo que está llevando a cabo Canal Gestión S.A., desde su constitución, son temporales, con salarios, en algunos casos, inferiores a los 1.000 euros al mes.”
Finalmente, reprochan al Ejecutivo regional su falta de transparencia, ya que hacen notar que la operación está “en la línea de opacidad y falta de información a que nos tiene acostumbrados Canal Gestión SA”, puesto que “se ha realizado sin informar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, ni a los accionistas de la sociedad, ni a los ciudadanos.”
