La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), sindicato mayoritario de este colectivo, ha contratado a los abogados de la Casa de Alba para presentar ante el Tribunal Supremo sus recursos contra la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma y la militarización del tráfico aéreo. Álvaro Hernando de Larramendi, que asesora a la familia Alba a través del Estudio Jurídico Ejaso del que él es socio, firma las iniciativas judiciales de los controladores.
Los controladores han decidido contar con un reconocido abogado en la prensa ‘rosa’ en el frente que han abierto con el Gobierno en los tribunales. Hernando de Larramendi que fundó en 1984 la firma de abogados Ejaso es el encargado de defender las reivindicaciones de este colectivo.
El letrado se ha caracterizado estos últimos años por su vinculación con la Casa Alba. Así, en 2008 y en plena polémica en los medios de comunicación por la posible incapacidad que iban a pedir los hijos de Cayetana de Alba por su posible boda, su estudio jurídico emitió un comunicado para desmentir esta noticia y advertir de que “se reservan las acciones legales que pudieran corresponderles en defensa de sus derechos al honor y a la intimidad”. Asimismo, el despacho del abogado ha estado relacionado con el enfrentamiento que el periodista Pepe Navarro protagonizó con el portal de información extraconfidencial.com. Ante un artículo titulado ‘Pepe Navarro demanda a Antena 3 por arruinarle su negocio de La Roja TV cifrado en 19,4 millones de euros’, la firma de Hernando de Larramendi anunció que iría a los tribunales si no se desmentía esta noticia.
Precisamente, sobre los recursos presentados por los abogados de los controladores aéreos, fuentes del Ministerio de Fomento han asegurado a EL BOLETIN, que no van a suponer ningún impedimento para el desarrollo del decreto de estado de alarma si se admite a trámite. “Esta admisión no conlleva la suspensión cautelar, el decreto seguirá y cuando el tribunal dicte sentencia, si lo hace y cree conveniente, ya veremos”.
Antes de que el Supremo decida el camino que este caso debe llevar, seis controladores aéreos han acudido esta mañana a la citación de la Fiscalía de Madrid. Al igual que hicieran sus compañeros ayer, estos trabajadores se han acogido a su derecho constitucional de no declarar. Ante este silencio, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha eludido solicitar cualquier medida cautelar contra ellos.
El lunes, ocho serán los controladores que irán a la Fiscalía de Madrid para declarar por un delito de sedición, una cita que, a la vista de su decisión de no hablar, el fiscal puede remitir a un juez para que continúe con la investigación. Antes de esto, la Asociación de Fiscales ha enviado un comunicado en el que acusado al Gobierno de “injerencia intolerable” en la Fiscalía por el proceso abierto contra los controladores. La asociación mayoritaria en la carrera fiscal ha asegurado que el Ejecutivo no tiene competencias para fijar cuál es la norma que se debe aplicar en la jurisdicción penal. Asimismo, en el texto se reprocha al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, haber asistido al Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado en el que declaró el estado de alarma.
En medio de esta polémica, el PP ha decidido que el plante de los controladores protagonice la próxima sesión de control al Gobierno. Los populares pedirán explicaciones al ministro de Fomento de por qué no tenía un ‘plan B’ ante esta situación.
Mientras que el conflicto con los controladores sigue abierto, los trabajadores de AENA amenazan con huelgas las primeras semanas del año que viene por la privatización del 49% de la empresa.
