El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la Ley del Cine de Cataluña y ha dado 15 días a los gobiernos catalán, central y al Parlament para que puedan personarse en el proceso y formulen sus alegaciones. Además, el Alto Tribunal también ha admitido tramitar el recurso del PP y la defensora del Pueblo contra el Código de Consumo aprobado por el Parlament.
El recurso contra la Ley catalana del cine se basa en la obligación impuesta a las productoras para que doblen al catalán el 50% de las películas que distribuyan en esa comunidad. Una obligación que ha sido muy criticada desde las ‘majors’ de Hollywood, que consideran que no es rentable y amenazan con reducir el número de películas que distribuyen en Cataluña.
Sin embargo, esta ley ha sido defendida por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, muy vinculada al sector cinematográfico. Así, hace unas semanas, en declaraciones a EL BOLETIN, defendió la norma por aportar valores positivos a los españoles en un momento en el que la industria tiene que reconvertirse para hacer frente a Internet y a la televisión digital.
Paralelamente, la Comisión Europea ha abierto una investigación para saber si la ley catalana vulnera la legislación comunitaria en materia de libre prestación de servicios y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Bruselas anunció estas pesquisas a petición de los eurodiputados del PP Santiago Fisas y Pablo Arias.
