El PP ha acusado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ordenar las detenciones en el Ayuntamiento de Murcia para “tapar” su actuación en las primarias de Madrid, tras la derrota de su candidata a la Comunidad, Trinidad Jiménez.
Para la secretaria general del PP y presidenta regional del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, sacar a la luz esta trama “obedece fundamentalmente a un intento de distracción” por parte del PSOE”.
La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de la mañana una operación contra la corrupción urbanística en Murcia, gobernada por el PP, que ha imputado al menos a ocho personas, tres de las cuales han sido detenidas.
Los arrestados son el director de la gerencia de Urbanismo y número dos del departamento, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, vinculado a empresas de la construcción. Entre los imputados se encuentra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper.
Este golpe a la corrupción es sólo uno de los múltiples casos que investiga la Justicia y que afectan a más de la mitad de los ayuntamientos de la región. De hecho, según aseguran algunos blogs, el ‘caso Gürtel’ también habría salpicado a la comunidad autónoma. La publicación vegamediapress.es afirma que la Fiscalía de Murcia investiga unas cuentas del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, en Caja Murcia.
También, y siempre según este medio, que cita un informe policial, tres empresas que trabajan o han trabajado en Murcia, una adjudicataria del tramo experimental del tranvía dependiente del Ayuntamiento de Murcia; otra, socia del Grupo La Generala para la construcción de la Ronda Transversal de Cartagena, y la tercera, adjudicataria de la depuración de aguas en varios municipios forman parte, supuestamente, de Gürtel.
Este mismo medio también se hace eco de varias denuncias de algunas asociaciones de vecinos contra el alcalde de Murcia y su concejal de Urbanismo por aprobar en julio y agosto (pleno periodo vacacional) actuaciones urbanísticas “donde no conviene que exista mucha publicidad”, y cuando la oposición política tampoco resulta muy efectiva.
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