La aprobación del Real Decreto que regula los incentivos a la quema de carbón nacional ha provocado un enfrentamiento entre Génova y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Mientras que el PP nacional destaca la “lealtad” del partido frente al Gobierno sobre esta cuestión, la Xunta ha anunciado que recurrirá esta ley porque perjudica los intereses de sus centrales térmicas.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló ayer durante su intervención en el Forum Nueva Economía que el PP ha mantenido una actitud de “lealtad y responsabilidad” con el Gobierno en el asunto del carbón nacional y aplaudió la decisión de la Comisión Europea, que el miércoles dio luz verde a la aprobación del Real Decreto promulgado por el Ministerio de Industria. Esta ley autoriza los incentivos económicos a las empresas eléctricas para que produzcan electricidad con la quema de carbón nacional en vez del importado, mucho más barato.
Esta posición defendida por Génova no ha gustado a la Xunta de Galicia, lo que ha provocado que se abra un frente entre la dirección nacional del partido y Feijóo, que ha anunciado que recurrirá este Real Decreto ante el Tribunal Supremo y ante Luxemburgo ya que perjudica a las centrales térmicas gallegas.
Fuentes de la Consejería de Economía e Industria de la Xunta han confirmado a EL BOLETÍN que el Gobierno regional gallego “no está en contra del desarrollo del carbón nacional ni de las comunidades autónomas” beneficiadas con esta ley, sino que se oponen al hecho de que para beneficiar a unos se perjudique a Galicia, donde se perderán “3.500 empleos y 1.200 millones de euros”.
Con el fin de conseguir una “solución armonizada” al problema, la Xunta ha “exigido” al Gobierno que se reúna con ellos para resolver la situación a la que se enfrentarán a partir de ahora las térmicas gallegas de As Pontes y Cerceda, que invirtieron “más de 300 millones de euros” en la reconversión que les permitía quemar carbón de importación, menos contaminante, y cumplir con el protocolo de Kioto.
Por su parte, Tomás Villanueva, vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, una de las más beneficiadas por la ley, ha señalado que el Real Decreto es un paso “importante e imprescindible” para no acabar con la minería de forma inmediata y ha expresado su desacuerdo ante el recurso de Galicia ya que, según ha dicho, este apoyo financiero “ya existía en el Plan del Carbón”.
Junto a este enfrentamiento, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, mantiene una lucha similar con las empresas mineras que recibieron las ayudas económicas para pagar las nóminas pero que no lo han hecho. Una de estas empresas es propiedad de Victoriano Alonso, amigo de Zapatero, según algunos medios.
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