Tres representantes de UGT, CCOO y CSIT-UP se han reunido este mediodía con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la sede de su departamento con una idea clara: no aceptarán los planes de la presidenta autonómica Esperanza Aguirre de recortar en el número de liberados sindicales de la región. En el marco del Consejo General de la Función Pública, los sindicatos ha recordado que la actual cifra de liberados está regulada por ley, por lo que si el Gobierno autonómico decide disminuir en 2.000 el número de estos actuarán al respecto.
El intento de uno de los hombres de confianza de Aguirre de relajar los ánimos en los sindicatos tras el anuncio de la presidenta autonómica de recortar en el número de liberados hasta dejarlos en torno a 1.500 de los 3.500 actuales que calcula el Ejecutivo madrileño que hay ha servido de poco. Así, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fernando Sánchez, se ha mostrado “asombrado” por la convocatoria de la propia reunión con Granados ya que la región cuenta con “los delegados sindicales que marca la ley y los acuerdos convencionales con el Gobierno de Aguirre”. Unos trabajadores que no llegan a los 3.000 como asegura Aguirre, ha asegurado el representante de UGT. “Si Granados cree que es así, que dé nombres y apellidos”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Madrid, Juan Antonio Olmos, se ha mostrado igual de sorprendido por este encuentro y por el propio plan del Gobierno regional. “Lo que si sabemos los tres sindicatos que tienen la capacidad legal para estar presentes en la Mesa General de Negociación es lo que queremos y lo que quieren los trabajadores, así como las deficiencias que hay que poner en la mesa”, ha señalado a Europa Press.
A pesar de esta oposición, la propuesta de Esperanza Aguirre se basa en iniciar el recorte de los 2.000 trabajadores desde el próximo 1 de enero, una propuesta que supondrá un ahorro para las arcas autonómicas de 73 millones de euros y que tiene el objetivo de “racionalizar esa labor en un momento de crisis severa”, según ha asegurado Granados.
