El Gobierno ha dado un paso más en el impulso que se ha comprometido a dar al Estatut de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo va a iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptarla a la sentencia del alto tribunal sobre el texto autonómico.
El ministro Francisco Caamaño, será el encargado de promover las reformas legales necesarias para salvar el capítulo de Justicia recortado por la sentencia Constitucional y dar así a Cataluña “la atribución de competencias” del Consejo General del Poder Judicial. Básicamente, se delegarán las competencias de este órgano a los consejos autonómicos previstos en varios estatutos, incluido el catalán.
Junto a esto, De la Vega, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha anunciado de la convocatoria de la Comisión Mixta entre el Estado y Cataluña para estudiar la transferencia de competencias previstas en el Estatuto y afectadas por la sentencia. El objetivo es “impulsar” un asunto pendiente del desarrollo estatutario en el ámbito de la Justicia, ya que ha sido este aspecto el que ha sido considerado inconstitucional por el TC.
El Consejo de Ministros ha estudiado también los traspasos de competencias pendientes y se ha fijado la creación de una Comisión delegada de Política Autonómica y de la Comisión Bilateral con Cataluña, que podría celebrarse en septiembre, para dar salida a estos asuntos.
Con todas estas decisiones, el Gobierno pretende desarrollar el Estatut ya que se ha avalado “la práctica totalidad” del texto y satisfacer las “legitimas aspiraciones” de los catalanes aprovechando el margen que deja el Tribunal Constitucional para ampliar el autogobierno.
La vicepresidenta del Gobierno ha aclarado que las modificaciones de la LOPJ servirán para valorar “una posible reforma de la casación” y saber qué competencias puede delegar el Consejo General del Poder Judicial a los consejos de justicia que se establecen en varios estatutos autonómicos.
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