Las relaciones entre las más importantes constructoras españolas y el Gobierno no pasan por su mejor momento. Frente a las exigencias del presidente de Seopan de impulsar, de una vez por todas, el Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) con el que se fomenta la financiación público-privada, fuentes del departamento de José Blanco, en declaraciones a EL BOLETIN, han recordado a las constructoras que, según el calendario de este plan, “en las próximas semanas se conocerán nuevas licitaciones de obras”.
En el texto del PEI firmado por el Ejecutivo, entidades bancarias y constructores el pasado mes de abril “se señalaba que las licitaciones comenzarían a acordarse desde el segundo semestre de este año, por lo que se está trabajando y definiendo proyectos”, han recalcado responsables de Fomento ante las críticas del presidente de la patronal David Taguas.
Tras la decisión personal, según fuentes del sector, de Zapatero, de aplazar su reunión con los presidentes de las constructoras más destacadas, Taguas ha asegurado, en una entrevista en la SER, que es el mejor momento para lanzar el plan de Fomento en el que estas constructoras se encargan de la financiación y realización de las obras a cambio de la concesión de los derechos de las mismas. Unos derechos por los que el Gobierno, año a año y hasta 30, pagará un canon. Con el PEI, que son las siglas de este plan, el Ejecutivo no aporta ningún importe hasta el fin de las obras y se evita que la inversión compute como déficit. Las constructoras, por su parte, logran seguir con su actividad y sacar beneficios por esta ‘financiación’ al Estado. Hasta un 12% se mejora la retribución del Estado de estas empresas al aceptar este reto.
Las palabras de Taguas han provocado que desde Fomento se asegure que, tal y como se fijó, se están “definiendo proyectos, concretando los planes de obras con las empresas interesadas y preparando las licitaciones”. Un trabajo que se concretará en las próximas semanas y que continuará hasta diciembre de 2011, fecha en la que termina este plan dotado con 17.000 millones de euros y que priorizará proyectos relacionados con el transporte.
