El plan de lucha contra el fraude de Cristóbal Montoro, proyecto estrella del ministro para tratar de salir de la crisis, ha fracasado. Así lo aseguran los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que dicen que desde que la amnistía fiscal se puso en marcha, el pasado mes de junio, sólo ha logrado recaudar 149,6 millones de euros de los 2.500 previstos.
En una nota de prensa, Gestha estima que en este tiempo la amnistía fiscal que el ministro de Hacienda ha defendido a capa y espada “apenas ha reportado a la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) el 6% de la recaudación prevista inicialmente” hasta octubre, justo un mes antes de la finalización de esta medida excepcional.
Con los últimos datos del informe mensual de recaudación tributaria sobre la mesa, los técnicos de Hacienda consideran que es “misión casi imposible” cumplir las expectativas iniciales, ya que a falta de un mes para que acabe esta amnistía -el próximo 30 de noviembre- todavía queda por ingresar el 94% de los ingresos previstos por el Gobierno.
Es más, la medida impulsada por Montoro no sólo no ha sido todo lo buena que se preveía, sino que también “ha tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios, ya que ha provocado una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones”, recalca Gestha.
Este viernes vence el plazo para acogerse a esta regularización fiscal, una expresión eufemística que, según los técnicos de Hacienda, “posibilita enjuagar grandes fraudes a precios de saldo y que, como ya sucedió en las anteriores amnistías realizadas en la democracia, no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria total”.
Además, “la amnistía atenta contra el principio de igualdad tributaria que, según el artículo 31 de la Constitución, debe inspirar nuestro sistema fiscal ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF -llegando al 56% en Cataluña-, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco pagando un 10%, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos”.
Por ello, y para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario “aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones, además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla, especialmente a los 8.000 técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos”. Además, indican en su nota, “debería dedicarse más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías, en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados”.
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