La Federación Faconauto, que representa a 3.300 concesionarios, llevará a los tribunales a las Administraciones Públicas para reclamar una deuda de 13,9 millones de euros. Esta cantidad es consecuencia del plan 2000E que exigía a los concesionarios adelantar las ayudas a los compradores por cuenta de la Administración. Sin embargo, el Gobierno y las CCAA no reconocen estos impagos.
El sistema de gestión del plan 2000E ha traído grandes problemas a los concesionarios. Según la normativa, estas empresas tenían que adelantar las ayudas públicas para la compra de coche a sus clientes, pero esto se complicó cuando estos establecimientos comenzaron a dar subvenciones sin conocer de antemano el presupuesto. La fecha de apertura prevista en el Real Decreto regulador del Plan 2000E era el 1 de enero, pero la Administración se retrasó 85 días en el pago de las ayudas.
El sistema informático estuvo bloqueado entre enero y el 25 de marzo y cuando se desbloquearon los fondos ya estaban agotados. Así, los concesionarios denuncian que no pudieron registrar 11.880 operaciones, de las cuales el Ministerio de Industria debe pagar 5,9 millones de euros y las autonomías adheridas ocho millones.
Según Faconauto, el sistema se abrió cuando ya se había comprometido más del 70% del presupuesto, y ahora las Administraciones Públicas no quieren pagar su deuda. Esta mañana, en una rueda de prensa, el presidente de la patronal de concesionarios, Antonio Romero, ha afirmado que la culpa la tiene el Gobierno y que están “consternados por la actitud del Ministerio”, cree que el problema real es que “no tenía dinero para todo el mundo” y que “se quieren financiar a nuestra costa”.
En la reunión que han celebrado esta mañana 200 pymes concesionarias de automoción en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a instancias de Faconauto, han decidido solucionar este problema con el Gobierno central y con las administraciones por la vía judicial, ya que no reconocen todas las operaciones que entraron por la vía informática cuando el sistema estaba bloqueado.
Según el presidente de Faconauto, las Comunidades Autónomas que más dinero deben son la catalana y la valenciana, que aún no han abonado ninguna operación en 2010, pero asegura que este hecho también ha afectado a otras comunidades como Madrid, Andalucía, y Castilla León. A esto hay que sumar una deuda de 44,4 millones por parte de las Administraciones en operaciones tramitadas a partir de abril y que sí fueron registradas por el sistema.
Faconauto pide al Gobierno que prorrogue el Plan 2000E, ya que calcula que la no renovación supondrá la pérdida de 150.000 ventas y la puesta en peligro de 10.000 puestos de trabajo. Además asegura que el Estado y las autonomías perderán 480 millones de euros en el impuesto de automóvil.
