CCOO se ha unido al frente judicial abierto por las asociaciones de jueces y los altos cargos del funcionariado contra el recorte salarial a los empleados públicos aprobado por el Gobierno. El Área Pública del sindicato ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Ejecutivo para reducir el déficit, que incluye la rebaja salarial del 5% de media a los funcionarios.
El sindicato considera que durante la tramitación y la aprobación del decreto, el Gobierno vulneró el derecho de libertad sindical recogido en la Constitución. En este sentido, la organización que lidera Ignacio Fernández Toxo, solicita que el tribunal declare su nulidad y reconozca “el perjuicio causado tanto a la libertad sindical como al derecho a la negociación colectiva”.
En el escrito, CCOO solicita que el Supremo eleve una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal que preside María Emilia Casas para que éste decida si vulnera la Carta Magna. Precisamente, este es el objetivo que también buscan las asociaciones de jueces y la élite del funcionariado, que han anunciado que impugnarán las nóminas de junio, en las que se recoge la disminución salarial, ante la Audiencia Nacional, tal y como ayer informó EL BOLETIN.
Las asociaciones de jueces, tanto progresistas como conservadoras, consideran de manera unánime que la rebaja es injusta.
Por su parte, fuentes de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración del Civil del Estado (Fedeca) explicaron a este diario que, además de recurrir como colectivo, cada uno de los 20.000 funcionarios que representa impugnará su nómina de junio ante los tribunales ordinarios.
En este sentido, reconocieron que es muy posible que el conflicto no se resuelva hasta dentro de dos años pero señalan que si la sentencia les fuera favorable, el Estado tendrá que pagar la rebaja salarial más intereses de demora. Fedeca está muy bien asesorada, ya que entre las 32 organizaciones, sindicatos y asociaciones que la integran se encuentran los abogados del Estado, además de inspectores de Hacienda del Estado y de Trabajo y Seguridad Social.
Si tanto el Supremo como la Audiencia Nacional deciden admitir a trámite las causas y elevarlas al Constitucional, el tribunal podría decretar la suspensión cautelar del decreto hasta que dicte una sentencia firme.
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