Los siete piratas somalíes detenidos la semana pasada en aguas del Índico por el buque de la Armada española ‘Marqués de la Ensenada’, son, según el juez Fernando Andreu, libres. Esta decisión la tomó el magistrado por el hecho de que la actividad conocida como piratería no está recogida como delito en el Código Penal español.
Sin embargo, ante esta decisión, la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, ha decidido recurrir esta mañana esta sentencia. De hecho, el organismo ha solicitado la personación primero como parte acusadora con el argumento de que la decisión del juez pueda “comprometer gravemente la actuación de las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito de una operación de la Unión Europea”.
El texto afirma además que la actuación judicial “compromete o incide sobre la función del Gobierno de la Nación de garantía de los Tratados Internacionales” en relación al canje de notas entre la UE y Kenia para el traslado y proceso de los piratas detenidos en la zona. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es un organismo independiente, ha pedido esta misma mañana el archivo de la causa. La Fiscalía llegó a pedir el pasado viernes el ingreso en prisión de los siete corsarios por delitos de “detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas”.
Sin embargo, hoy el fiscal ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y otro de reforma ante el propio Andreu en el que pide el archivo de la causa y que se comunique al Estado Mayor de la Defensa la entrega a Kenia de los siete piratas en cumplimiento del acuerdo firmado entre la UE y este país. En Kenia el delito de piratería sí está reconocido, mientras que liberar a los piratas en Somalia sería, según varios expertos, incorporarles de nuevo a la delincuencia.
La tensión entre el Gobierno y los jueces lleva siendo palpable desde hace varios meses. De hecho, el Estado ha sufrido incluso una huelga de los magistrados, en protesta por el mal funcionamiento de los juzgados. Estas tensiones empezaron a agravarse tras el asesinato de la niña Mari Luz en el mes de enero del año 2008, y tras las reacciones de su padre, que acusó al Poder Judicial de permitir que una serie de errores conllevasen que el pederasta y asesino de la niña estuviese aquel día en libertad. A raíz de estas acusaciones, el Poder Judicial y el Ejecutivo se enfrentaron abiertamente. Por otro lado, varios jueves han puesto en compromisos diplomáticos al Gobierno.
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