El resto se completaría con la aportación de los Presupuestos Generales del Estado (550 millones), las televisiones privadas (120 millones) y la tasa por el uso del espectro radioeléctrico (240 millones), que a su vez, es financiada también por las operadoras de telecomunicaciones. Así, según los cálculos del sector, las ‘telecos’ aportarán el 50% de los gastos de RTVE tras la supresión de la publicidad.
El Ejecutivo sostiene que deben ser los beneficiados por el nuevo modelo de televisión pública quienes sufraguen el cambio. Sin embargo, las operadoras y los consumidores serán los más penalizados, a diferencia de las televisiones privadas, controladas por grupos como Mediaset, Mediapro, Prisa, Grupo Planeta o Vocento. En este escenario, las ‘telecos’ ya preparan su artillería legal y plantearán dos líneas defensivas, la tributaria y la de la competencia.
El sector, que se convertirá en uno de los más penalizados fiscalmente, estudia recurrir ante Bruselas la nueva tasa, ya que duda de que sea compatible con la legislación comunitaria. También avisa de que esta medida le obligará a subir precios, ahorrar costes (mediante despidos) o bien, disminuir sus inversiones.
Según las últimas cifras disponibles de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el negocio de la televisión por Internet reportó en 2007 al sector 103 millones de euros y los contenidos audiovisuales en móvil 8,7 millones de euros. Unos beneficios mínimos si se compara con el 0,9% de los ingresos de Telefónica en 2008 en España (187,5 millones)