A pesar de que Mariano Rajoy ha anunciado hoy que el Gobierno limitará este viernes las transacciones en metálico a partir de los 2.500 euros, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) le han pedido que vaya más allá baje aún más el listón, hasta los 1.000 euros, en el trámite parlamentario para acabar con la economía sumergida.
Según ha indicado a EL BOLETÍN José María Mollinedo, secretario general de Gestha, la limitación anunciada esta mañana por el presidente del Gobierno será insuficiente para luchar contra el fraude fiscal. La mejor solución para acabar con las elevadas cotas de economía sumergida de nuestro país es ser más “ambiciosos” e imponer el ‘veto’ a las operaciones que superen los mil euros.
Para los Técnicos de Hacienda, “el límite anunciado es muy similar al que aplica Francia, a quienes duplicamos en esta materia, mientras que por el contrario países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, han optado por fijar el tope en los mil euros”.
Aunque esa no es la única parte del anuncio de Rajoy que genera ciertas dudas en Gestha. Mollinedo ha indicado también que desde la institución temen que la multa máxima del 25% del importe desembolsado que se aplicará en caso de infracción es una muestra más de que “seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales”.
Y no sólo eso, ya que los Técnicos de Hacienda han criticado también el hecho de que esta “sanción elimina el delito fiscal”. El secretario general de Gestha ha asegurado que la imposición de una multa impide la imputación por delito fiscal, según el cual el defraudador estaría obligado a afrontar, además de la sanción, los pagos derivados del IVA, el Impuesto de Sociedades o el IRPF en el caso de un autónomo, lo que vuelve a poner de manifiesto que esta medida resultará poco eficaz para terminar con el fraude.
Mariano Rajoy ha avanzado que con esta medida se pretende impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas. El plan de lucha contra el fraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros se ha fijado como objetivo recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012.
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