La ‘ley mordaza’ ¿la segunda gran derrota parlamentaria de Rajoy?

El pleno del Congreso debate esta tarde sobre dos proposiciones de ley, una del PSOE y otra del PNV, sobre una de las leyes más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy: la Ley de Seguridad Ciudadanos, más conocida como ‘ley mordaza’. El PP afronta la votación de hoy en clara minoría. Algo que hace preveer una nueva derrota de los populares en la Cámara baja tras la sufrida por la reforma de la estiba. “Con el texto actual el Gobierno hurtó libertades a todos los españoles; ahora queremos devolvérselas”, defiende el portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, que está confiado en que la proposición de ley de su partido contará con el apoyo suficiente para iniciar la derogación de la ‘ley mordaza’. Una norma, según Trevín, que ha sido “muy perjudicial para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

El portavoz de Interior del Partido Socialista afirma que la ley, aprobada en solitario por el PP en 2015, “cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y afecta también a otros derechos constitucionales, como el derecho a la intimidad y a la tutela judicial efectiva”. Además, recuerda que “tanto la defensa de los derechos laborales, el derecho de huelga y de manifestación, como por los sindicalistas que están pendientes de juicio a los que se les pide prisión, es urgente que la actual ‘ley mordaza’ sea derogada”.

La proposición de ley socialista propone derogar, tanto ‘ley mordaza’ como las modificaciones que esta ley incluyó en la Ley de extranjería para permitir las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

En cuanto a la del PNV, los nacionalistas vascos abogan por cambios en casi medio centenar de preceptos para que la norma sea “más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas”. De esta manera, defiende acabar con las sanciones, que, en su opinión, son abusivas, así como con la falta de proporcionalidad entre los principios de seguridad y el ejercicio de derechos fundamentales. Para el PNV hay que “tener en cuenta la capacidad económica del infractor a la hora de aplicar sanciones”.

“No es lo mismo la multa que pueda recibir yo, que cobro un sueldo como diputado y tengo una posición razonablemente desahogada, que la que pueda tener alguien que esté en el paro o que no tenga recursos, a mi 500 o 1000 euros me pueden hacer daño, pero para una persona desempleada es una ruina”, afirma diputado vasco, Mikel Legarda, según recoge la SER.

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