El Ministerio Público, en coherencia con lo que pide para Homs, también recurrirá al Supremo la absolución por prevaricación de Ortega y Rigau. La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado hoy ante el Tribunal Supremo (TS) que recurrirá la pena de dos años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N, para que además del delito de desobediencia sea condenado por otro de prevaricación.
Según ha informado la Fiscalía Superior en un comunicado, que recoge RTVE, la decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha adoptado «en coherencia» con la posición mantenida por la Fiscalía del Supremo en la causa contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs, a quien el ministerio público acusó de desobediencia y prevaricación por el 9N.
El TSJC condenó el pasado lunes a Artur Mas a dos años de inhabilitación -y a un año y nueve meses y uno medio, respectivamente, a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau-, al considerarlos culpables de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por mantener la consulta independentista del 9N tras su suspensión.
La sala absolvió a los tres acusados del delito de prevaricación, por el que la Fiscalía les pedía ocho años de inhabilitación, al entender que la «arbitrariedad» de su decisión de seguir adelante con el 9N queda incluida en la desobediencia.
El Ministerio Público también ha anunciado este viernes al Supremo que recurrirá la absolución de Mas, Ortega y Rigau por el delito de prevaricación, antes de que el próximo lunes finalice el plazo para presentarlo, y en los próximos días redactará el escrito.
En su nota, la Fiscalía Superior de Cataluña justifica su recurso en la necesidad de garantizar la “unidad de actuación” que la Constitución Española reconoce al ministerio público, que en el juicio contra Homs por el 9N -cuya sentencia está previsto que se notifique en los próximos días- acusó al exconseller de un delito de prevaricación, además del de desobediencia.
También las defensas de Mas, Ortega y Rigau anunciaron el pasado lunes que recurrirán la condena por desobediencia, aunque todavía no lo han formalizado ante el Supremo, para lo que disponen de plazo hasta el próximo martes.
En su sentencia, el TSJC impone a Artur Mas la pena máxima por el delito de desobediencia -dos años frente al año y medio que solicitaba la Fiscalía- al entender que «pervirtió los principios democráticos» e «hizo quebrar» la regla básica de sumisión a la ley, imprescindible para una «convivencia pacífica».
La sala cree que está justificado imponer la pena más elevada a Mas por desobediencia, dado que fue «máxima la tensión» a que sometió «valores constitucionales tan esenciales de un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley».
Para el TSJC, Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau «alteraron en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de Derecho» cuando ignoraron e «impusieron su voluntad» sobre la orden del Constitucional, con la «determinación firme de contravenir» la providencia que suspendía la consulta del 9N y llevar a cabo la votación «hasta el agotamiento».
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