El portavoz del PSOE en el Parlamento europeo recuerda que la censura por financiación ilegal recae en Convergencia por mucho que cambien de nombre. El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, valoró en RNE las declaraciones que hizo ante el juez el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet reconociendo las donaciones que recibió CDC a cambio de obras públicas y dijo que estamos ante una información “más que relevante que pone de manifiesto un sistema de financiación paralela con contrataciones públicas por parte de una partido que ha gobernado Cataluña treinta años sobre el que recae una censura política rotunda y esto afecta a sus candidatos por más que hayan cambiado su nombre”. Por ello cree que Carles Puigdemont tiene que dar explicaciones y comparecer en el Parlament.
También le preguntaron a Jáuregui por la idea de una Europa a dos velocidades un concepto del que dijo “no es lo mejor pero es la Europa necesaria”. El parlamentario socialista afirma “que hay que reconocer que las enormes diferencias que se han instalado entre nosotros con la crisis económica y el problema migratorio que han fracturado la unión y nos encontramos a las puertas de configurar una Europa del futuro que debe pasar por esta condición una Europa a dos velocidades pero para que el proceso de integración vaya sumando y no restando”.
Sobre los riesgos, Jáuregui reconoció que si triunfa el “populismo barato” de Marine Le Pen las bases del proyecto europeo estarían gravemente desquebrajándose”. Y reconoció que podría poner en riesgo el propio proyecto europeo el que Le Pen gane con su propuesta “simplista” de con salirse del euro se acaban todos los problemas Hay problema de populismo y neonacionalismo, pero Jáuregui es optimista
A la pregunta si en el problema de la estiba se puede estar con la Comisión Europea y con los estibadores, responde Jáuregui que la aplicación de la directiva debe hacerse de acuerdo a las lógicas unas realidades sociales. “La aplicación directiva es obligatoria pero la manera en la que se aplique debe ser negociada, por lo que hay que pedirle al Gobierno que se involucre en la negociación entre empresas y sindicatos y obtenga un acuerdo que permita la aplicación de la directiva”.
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