El Partido Popular considera que esta fórmula es la más adecuada para agilizar el trabajo de unos tribunales saturados por casos de corrupción y recortes. El Poder Judicial define la mediación como el sistema alternativo de solución de conflictos que, mediante la intervención de un “tercero” neutral e imparcial, ayuda a dos o más personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolver aquéllas.
A diferencia de un Juez, o un árbitro cuyas decisiones obligan a las partes, e implican que una parte gana y la otra pierde, la mediación busca obtener una solución válida, económica y rápida para ambas partes.
En España la mediación corre a cargo del Consejo General del Poder Judicial, que ha impulsado servicios de mediación en los órganos judiciales del territorio.
En este sentido, y ante la saturación en la carga de trabajo de los juzgados, el Partido Popular quiere potenciar la mediación como herramienta resolución. Algo, relativamente, llamativo teniendo en cuenta que gran parte de esa saturación en los juzgados se debe a los recortes llevados a cabo por el PP e incluso por la acumulación de casos de corrupción.
El PP propone este miércoles una PNL donde el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a potenciar la mediación como herramienta de resolución de conflictos, de a conocer la mediación a toda la ciudadanía, sensibilizando sobre las ventajas de su utilización, a través de campañas de difusión y colaborando con las instituciones del ámbito de la mediación e incluya el valor de la mediación dentro del entorno educativo.
Además, sugiere que el Gobierno debería trabajar estrechamente con los especialistas en mediación y las instituciones en que se integra, y propone declarar el día 21 de enero como «Día Nacional de la Mediación».
“Existe un consenso generalizado acerca del papel que este instrumento debe jugar dentro del proceso de transformación de la Administración de Justicia, tanto para aliviar la carga de asuntos que llegan a los tribunales, como por la de su empleo como instrumento de gestión procesal que facilite a los profesionales de la justicia su función, y principalmente como medio eficaz que facilite al ciudadano la resolución de sus controversias, actuando con plena libertad”, asegura la propuesta del PP.
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