Una encuesta del Ministerio de Sanidad revela, por el contrario, cómo los españoles son favorables a que los extranjeros en situación irregular tengan acceso total a la sanidad pública. Cuando se le pregunta por cuestiones referidas a la Sanidad pública, la sociedad española responde de manera muy contraria, a priori, al deseo del Gobierno. Por ejemplo, elboletin.com ya anunció este martes cómo la inmensa mayoría de los españoles confía más en la sanidad pública que en la privada, a pesar de los intentos del Ejecutivo por ‘desprestigiar’ el sector sanitario público.
En el caso que atañe este miércoles, la opinión de la población vuelve a ser contraria a la voluntad del Gobierno. Dos tercios de la población española considera que las personas extranjeras en situación irregular deben recibir la misma atención sanitaria que cualquier otra persona. Sea cual sea su situación legal, sea cual sea su procedencia.
Un resultado que ha sido desvelado por el Barómetro Sanitario 2016 del Ministerio de Sanidad y que muestra el rechazo que genera en la sociedad las medidas coercitivas llevadas a cabo por el Gobierno en este ámbito. El real decreto 16/2012, avalado por el Tribunal Constitucional, y planteado por Mariano Rajoy, reduce la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a los extranjeros indocumentados.
Según apunta el barómetro, el 27,8% de las personas cree que las personas extranjeras en situación irregular deben recibir atención sanitaria pública solo en determinadas situaciones, y el 3% apoya que no reciban nunca.
El resultado del Barómetro Sanitario 2016 explica el fracaso, de momento, de las posturas más radicales y nacionalistas en cuanto a la Sanidad. Antes de las elecciones de finales de 2015, Ciudadanos apostó por una Sanidad limitada para los inmigrantes en situación irregular, algo que generó el rechazo mayoritario de la sociedad y obligó al partido a retractarse.
Sin embargo, la legalidad sanitaria española, después de la reforma del Partido Popular, no se aleja, en absoluto, del deseo de Ciudadanos. Al menos en este sentido, ya que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en casos excepcionales.
Urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. Los extranjeros menores de dieciocho años residentes en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública, y las mujeres extranjeras embarazadas también tendrán derecho a que se les proporcione la asistencia al embarazo, parto y postparto.
No obstante, la competencia para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria corresponde a las Comunidades Autónomas y a los Servicios Públicos de Salud.
Por esa razón, existen varias comunidades ‘rebeldes’ que han sorteado la reforma sanitaria del PP y garantizan mayor cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Con sus diferencias, ya que algunas ofrecen más derechos que otras, estas son las principales comunidades: Canarias, Aragón, Baleares, Asturias, País Vasco, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid.
En términos de aceptación, la Comunidad Autónoma que más apoya la cobertura sanitaria total a los extranjeros en situación irregular es el País Vasco.
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