Abel Caballero explica que ya advirtió a Soraya Sáénz de Santamaría y a Cristóbal Montoro de los problemas de la fórmula de cálculo de este tributo. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado hoy que solicitará una reunión con el Gobierno para modificar el impuesto conocido como plusvalía municipal, que ha sido cuestionado por el Tribunal Constitucional en el caso de ventas a pérdidas.
Caballero ha tomado esta decisión después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la norma en Guipúzcoa porque entiende que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.
La FEMP está “estudiando a fondo” la sentencia porque, según ha explicado su presidente, lo declarado inconstitucional no es el impuesto sino la fórmula para su cálculo, por lo que «el Legislativo es el que tiene que decidir».
Según ha recordado, la FEMP ya ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno sobre esta cuestión y fue incluido en las resoluciones de su XI Pleno en 2015. Además, fue uno de los temas abordados en la reunión mantenida con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado 6 de febrero, tal y como informa Europa Press.
En cualquier caso, Caballero ha adelantado que hasta que se apliquen las modificaciones legislativas necesarias, los ayuntamientos estarán “al lado de los ciudadanos”. “Nosotros obedecemos leyes, nosotros no decidimos; seguimos y seguiremos las indicaciones del Legislativo; es el legislador quien tiene que entrar al fondo de esta cuestión. Tienen que ser técnicos, juristas y el Legislativo quienes decidan cómo proceder con las plusvalías”, ha explicado.
La urgencia de la FEMP en reunirse con el Gobierno tras el fallo del Constitucional se debe a que este tributo es una de las fuentes de recaudación más importante para los ayuntamientos como De hecho, y tal y como informó ElBoletin.com desde el año 2008 hasta 2015, los ayuntamientos han duplicado su recaudación a través de este tributo.
Además, hay que recordar que la sentencia del Constitucional da vía libre a miles de ciudadanos para que puedan reclamar lo que pagaron de más a sus ayuntamientos, algo que pueden hacer por la vía administrativa.
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