La sentencia europea de la discordia determina que el acuerdo agrícola entre Bruselas y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental “porque no forma parte del Reino de Marruecos”. Es de sobra conocida la función ‘negociadora’ que otorga Marruecos a sus fronteras. Particularmente las que le separan de España, custodiadas por sendas vallas (Ceuta y Melilla) y por la gendarmería marroquí. Sin embargo, de vez en cuando, esa vigilancia y cooperación policial entre ambos países se ve interrumpida, auspiciando los denominados ‘asaltos’ de inmigrantes a las vallas fronterizas.
Generalmente, los saltos a la valla suelen coincidir con negociaciones o con malestares de Marruecos hacia España o hacia la Unión Europea. Por ejemplo, los dos saltos masivos (cerca del millar de refugiados) a la valla de Ceuta de estas últimas 72 horas suceden al mismo tiempo que Marruecos insta a la UE a cumplir íntegramente el acuerdo agrícola que firmaron en 2012 sin tomar en cuenta la reciente sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo.
Esa sentencia se produjo hace dos meses. En ella, la Justicia determina que el acuerdo agrícola no es aplicable al Sáhara Occidental porque no forma parte de Marruecos. Algo que días más tarde reprodujo el comisario de energía, Miguel Arias Cañete, que reconoció que el Sáhara poseía un estatuto “distinto y separado” de Marruecos y que a ese territorio se le aplicaría el derecho internacional.
Esta postura comunitaria no ha gustado en absoluto en Rabat, que lleva varias semanas dejando caer la posibilidad de relajar el control tan férreo que habitualmente mantiene sobre las fronteras que le separan de España como forma de respuesta.
El propio ministro de Agricultura aseguró en una entrevista a la agencia EFE que “el problema de la emigración es muy costoso para Marruecos y Europa debe apreciarlo en su justo valor”. Una frase que fue acompañada por una pregunta retórica: “¿Por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes (…)?”.
El mismo ministro insinuaba que Marruecos podría buscar socios diferentes a la UE, como Rusia y China. Una afirmación plausible pero complicada, debida cuenta que el 70% de su comercio lo mantiene con la UE.
Sin embargo, a finales de este año, el Tribunal de Justicia europeo tendrá en su decisión gran parte del futuro de las relaciones bilaterales entre ambos actores políticos: el acuerdo de pesca.
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